Trabajadores denuncian precarización y salarios indignos en seguridad de hospitales sanjuaninos
La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) advierte que miles de vigiladores en San Juan sufren condiciones laborales precarias, con pagos por debajo del convenio y empleo informal. Señalan a licitaciones estatales como causantes de la situación y anticipan posibles medidas de fuerza.
El descontento crece en el sector de seguridad privada en San Juan. Pablo Ábrego, secretario regional de UPSRA, denunció en diálogo con Telesol Diario una fuerte precarización laboral, especialmente en hospitales públicos, y criticó los pliegos de licitación del Estado provincial.
Ábrego señaló que, aunque la vigilancia privada siempre fue vulnerada, en San Juan la realidad es más grave. Los vigiladores no reciben el pago que estipula el convenio colectivo y carecen de supervisión estatal efectiva. Hay unas 34 empresas habilitadas, pero muchas operan sin controles adecuados, mientras compañías foráneas compiten reduciendo costos y aumentando la informalidad.
El dirigente ejemplificó que el costo oficial por hora de vigilancia ronda los 17 mil pesos, pero algunas empresas facturan entre 1.500 y 2.500 pesos la hora, provocando que ni siquiera los trabajadores con antigüedad alcancen su salario justo.
La situación varía según hospitales: en el Hospital Dr. Guillermo Rawson el convenio se cumple, pero en el Hospital Julieta Lanteri y en el Hospital Marcial Quiroga se pagan salarios muy por debajo de lo legal, con cuotas horarias de apenas 8.500 pesos, lo que fomenta empleo en negro.
Además, no existen inspecciones suficientes en horarios vespertinos ni nocturnos para controlar el cumplimiento de las normativas, por lo que, de unos 8.000 trabajadores en el sector en San Juan, apenas 3.000 están registrados, y el resto desempeña tareas en condiciones informales.
UPSRA ya presentó denuncias ante organismos correspondientes y publicó un comunicado rechazando los pliegos de licitación actuales, que según el gremio violan acuerdos paritarios y convierten al Estado en promotor de la precarización laboral.
"Son padres que cumplen jornadas de 12 horas, pero no logran cubrir sus gastos ni la educación de sus hijos, lo que genera mucha incertidumbre", remarcó Ábrego, quien no descartó convocar a medidas de fuerza y movilizaciones si no recibe respuestas.
El referente recordó que un vigilador conforme al convenio debería cobrar alrededor de 1.530.000 pesos mensuales, pero esa realidad está lejos de cumplirse en la mayoría de los casos. "El sindicato estuvo mucho tiempo callado, pero eso terminó. Lucharemos para que los trabajadores cobren lo que corresponde y para que el Estado deje de mirar para otro lado", concluyó.
Mientras tanto, miles de vigiladores continúan cubriendo servicios esenciales en hospitales y espacios públicos, en condiciones que califican como una esclavitud moderna.
