Caselles celebró el fallo judicial que restituyó la ley y trajo alivio a miles de familias

La dirigente social y referente histórica en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, Graciela Caselles, calificó como una "muy buena noticia" la decisión de la Justicia Federal que declaró inválido el decreto del Poder Ejecutivo que había suspendido la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su aplicación inmediata en todo el país, tras hacer lugar a un amparo colectivo.

En diálogo con Zonda Diario, Caselles sostuvo que el fallo repara, al menos en parte, una situación que "no tendría que haber sucedido" y que provocó un profundo padecimiento en miles de familias. "Fue una angustia enorme para muchísimas personas que habían quedado privadas de continuar con su pensión, muchas veces por no haber llegado a tiempo con estudios, por falta de información o directamente por no haber tenido el tiempo necesario. Eso provocó muchísimo daño", remarcó.

La Justicia dejó sin efecto el artículo 2 del Decreto 681/2025, que había dejado en suspenso la Ley 27.793 —aprobada por el Congreso en julio de 2025— hasta que se definieran las fuentes de financiamiento. El fallo ordenó su inmediata implementación y reafirmó que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer por sobre restricciones presupuestarias, invocando estándares constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

Para Caselles, la restitución de la emergencia devuelve cierta tranquilidad a un sector históricamente vulnerado. "Por lo menos que este derecho se haya restituido da algo de calma, aunque hay que seguir trabajando para que la vida de las personas con discapacidad sea cada día más fácil", señaló, al tiempo que calificó la resolución judicial como "una muy buena noticia después de un padecimiento innecesario".

Si bien aclaró que no maneja cifras oficiales, la referente sostuvo que el impacto fue significativo. "No fueron todos, pero sí un número importante. De cada diez personas con las que hablé, a por lo menos tres les pasó. Y aunque fuera una sola persona, ya sería un montón", expresó.

Caselles, psicopedagoga, ex diputada nacional y madre de Agustina, una joven con síndrome de Down, destacó que la discusión va mucho más allá del aspecto económico. "La pensión por discapacidad ya es el 70% de la mínima, o sea que de por sí es menor. Pero además no es solo el dinero: son las prestaciones que se pierden, los tratamientos, los apoyos. Eso impacta directamente en la calidad de vida", explicó.

Desde su experiencia personal y militante, recordó que la historia de la discapacidad en Argentina está marcada por la exclusión. "Durante años las personas con discapacidad fueron condenadas al encierro o directamente a desaparecer. Familias e instituciones llevamos décadas luchando para que sean reconocidas como sujetos de derechos humanos, como cualquier otra persona. Y estas decisiones te tiran para atrás", lamentó.

Caselles es fundadora de la Fundación Javier Caselles, creada en 2008 en homenaje a su hermano, y desde la cual se acompaña a personas con distintos tipos de discapacidad en toda la provincia. Además, en el marco de la fundación, impulsó el espacio Esclerosis Múltiple San Juan, que hoy acompaña a unos 150 pacientes, muchos de los cuales antes no contaban con ningún tipo de contención institucional. "A lo largo de los años hemos acompañado a miles de personas, ayudándolas con trámites, información y contención", detalló.

La dirigente recordó también su trayectoria legislativa, durante la cual impulsó y acompañó leyes clave vinculadas a discapacidad, lengua de señas, adopción y eliminación de vencimientos en certificados, entre otras iniciativas. "La discapacidad nunca tuvo colores políticos. En el Congreso logramos mirar todos para el mismo lado y avanzar en temas que antes ni siquiera se discutían", afirmó.

En ese marco, sostuvo que la suspensión de la emergencia generó un fuerte trauma. "La incertidumbre era terrible: no saber si te iban a sacar la pensión, si ibas a perder el programa Incluir, si ibas a poder seguir con tu tratamiento. Eso destruye a las familias, y cuando la familia se cae, hay que sostenerla para que pueda sostener a la persona con discapacidad", expresó.

El fallo judicial también recordó la crisis estructural que atraviesa el sistema de prestaciones básicas, marcada por el desfinanciamiento, el cierre de instituciones y la interrupción de tratamientos. En paralelo, organizaciones como el Hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad convocaron a un abrazo simbólico en Plaza de Mayo para exigir la aplicación urgente de la ley y denunciar que la emergencia quedó fuera del Presupuesto 2026.

Para Caselles, la decisión judicial representa un avance clave. "Que se haya resuelto es un golazo, un golazo total", enfatizó, aunque advirtió que la lucha continúa. "Falta mucho, pero también hay más gente que se suma, más instituciones, más profesionales comprometidos. Se avanza, y esta resolución es un paso fundamental para no retroceder en derechos", concluyó.