Asociaciones sanjuaninas debaten reforma del Código Penal entre el dolor y la controversia

La reforma al Código Penal propuesta por el presidente Javier Milei y presentada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich desató un intenso debate nacional. En San Juan, dos asociaciones vinculadas al sufrimiento por pérdidas violentas se posicionan en sentidos opuestos sobre el proyecto que busca endurecer penas y modificar agravantes como el del femicidio.

Victoria Villalón, referente de Asociación Familias Unidas por el Dolor del Femicidio y tía de una víctima con un caso emblemático, expresó profunda preocupación por la posible eliminación del agravante por femicidio. Recordó la extensa batalla para lograr su reconocimiento y alerta sobre el riesgo de que delincuentes obtengan reducciones de pena o beneficios indebidos si se suprime esta figura.

Villalón afirmó: "Nos están quitando derechos" y resaltó que la violencia de género continúa con más de 230 femicidios en el país. Además, denunció la falta de comunicación a las familias sobre beneficios concedidos a condenados, advirtiendo que un cambio legal podría colapsar el sistema de justicia y agravar el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos.

En contraparte, Guillermo Chirino, presidente de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, que agrupa a familiares de víctimas de siniestros viales, valoró la reforma. Considera que el endurecimiento penal y la ampliación de agravantes para conductas imprudentes son necesarios para hacer justicia y prevenir futuros accidentes, señalando que representa una deuda histórica del Estado.

El proyecto presenta medidas como penas de hasta 30 años para homicidios simples, endurecimiento en casos que involucren menores y adultos mayores, y cumplimiento efectivo en delitos graves, eliminando beneficios como salidas transitorias. Sin embargo, la posible supresión del agravante de femicidio en pos de una supuesta "igualdad ante la ley" ha sido muy cuestionada por organizaciones feministas y familiares de víctimas.

En definitiva, estas dos voces sanjuaninas reflejan un país dividido que busca equilibrar justicia y derechos en medio del dolor, mientras el Congreso encara la definición del nuevo Código Penal entre fuertes tensiones sociales e institucionales.