El Gobierno alista una nueva reglamentación para la Ley de Inversiones Mineras y apunta a desburocratizar el régimen promocional

El Gobierno avanza en una profunda actualización de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, con el objetivo de modernizar su aplicación, reducir la discrecionalidad administrativa y agilizar los principales beneficios fiscales y aduaneros que ofrece esta norma, vigente desde 1993. La Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Economía, trabaja en un nuevo decreto reglamentario que busca darle al régimen un funcionamiento más eficiente y alineado con las necesidades actuales de la industria, de acuerdo a lo que publicó Econojournal.
El proyecto, que está siendo elaborado por la Dirección Nacional de Inversiones Mineras bajo la conducción de Luis Lucero, apunta a reforzar la vigencia de la ley más allá del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), actualmente en plena implementación. La tarea se desarrolla, además, en un contexto legislativo marcado por el intento del Ejecutivo de modificar la Ley de Glaciares, una demanda histórica del sector para destrabar inversiones en proyectos de cobre y otros metales críticos.
Actualizar una ley clave para atraer inversiones
La Ley 24.196 garantiza estabilidad fiscal por 30 años y contempla incentivos como devolución del IVA, amortización acelerada de inversiones y beneficios para importar bienes de capital sin pagar derechos ni gravámenes. Sin embargo, su aplicación acumuló durante décadas fuertes críticas por la alta discrecionalidad y el incumplimiento generalizado de las obligaciones por parte de empresas y del propio Estado.
Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que el objetivo principal de la nueva reglamentación es "terminar con la discrecionalidad y la burocracia que distorsionaron la implementación del régimen", y remarcaron que la convivencia con el RIGI —que ofrece beneficios cambiarios, aduaneros y tributarios para grandes inversiones orientadas a exportación— será complementaria: "No se superpondrán incentivos de la misma naturaleza".
La definición de los parámetros de esa convivencia entre regímenes se convirtió en un punto central, especialmente para proyectos que llevan años bajo la Ley de Inversiones Mineras y evalúan adherirse al RIGI para iniciar nuevas etapas de inversión.

Una reforma para que la ley perdure más allá del RIGI
Aunque el RIGI tiene un horizonte inicial de vigencia hasta mediados de 2026 —con posibilidad de prórroga por un año más—, en el Gobierno existe la decisión de que la Ley de Inversiones siga siendo una herramienta sólida para proyectos de menor escala y para iniciativas que no calificarían dentro del régimen de grandes inversiones.
"La Ley 24.196 está lejos de perder interés. Los proyectos siguen consultando y necesitan un marco de previsibilidad. Es una norma que va a perdurar, pero debe recuperar la seriedad que alguna vez tuvo", afirmaron fuentes oficiales. En efecto, muchos emprendimientos metalíferos, salares de litio y proyectos de exploración dependen exclusivamente de esta ley para acceder a la promoción.
La nueva reglamentación apunta a resolver el histórico problema de criterios dispares entre funcionarios, una situación en la que "cada expediente se interpretaba de manera distinta", según reconocieron desde la Secretaría. La unificación de procedimientos y la trazabilidad documental completa serán pilares del nuevo sistema de control.

Cambios profundos en importaciones, IVA, amortizaciones y controles
El decreto en preparación implicará un "salto de calidad", según calificaron en el propio Gobierno. Los principales ejes de reforma incluyen:
• Régimen de importación: simplificación de procedimientos y eliminación de trabas que demoraban la incorporación de insumos y equipos clave.
• Devolución de IVA: agilización del proceso y unificación de criterios técnicos y documentales.
• Régimen de amortizaciones: ajustes para que resulte más accesible y coherente con la realidad de los proyectos.
• Armonización ambiental: coordinación normativa con la Secretaría de Ambiente para evitar superposiciones y vacíos normativos.
• Declaraciones Juradas Anuales: simplificación y modificación de contenidos, hoy considerados excesivos e inconsistentes.
Además, se avanzará en la implementación de herramientas de derecho informático, que permitirán digitalizar completamente el historial de cada proyecto y evitar registros sin sustento documental.
El Gobierno prevé también transformar el enfoque de las auditorías: pasar de un control centrado en papeles a uno basado en inspecciones presenciales y conocimiento directo de los yacimientos y operaciones.
"Desregulación no significa falta de control —aclararon desde Minería—, sino controles más eficientes, transparentes y modernos".