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Estudio

El 15% de los asalariados en Argentina enfrenta inseguridad alimentaria, alerta la UCA

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA revela que uno de cada seis trabajadores asalariados no puede cubrir sus necesidades básicas de alimento. La problemática afecta con mayor intensidad a trabajadores informales y cuentapropistas.

El 15% de los asalariados en Argentina enfrenta inseguridad alimentaria, alerta la UCA

El reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) indica que el 15% de los asalariados en el país presenta algún nivel de inseguridad alimentaria, lo cual implica la incapacidad de mantener una alimentación suficiente y estable para satisfacer necesidades básicas.

El estudio subraya que esta problemática ya no solo incide en los sectores más vulnerables o desocupados, sino que también afecta a trabajadores formalmente registrados con ingresos bajos. En este último grupo, el 7% de los asalariados formales tiene dificultades para acceder de manera constante a los alimentos.

Por otra parte, la situación es considerablemente más grave entre los trabajadores informales y cuentapropistas, donde el porcentaje llega al 25%. Esto refleja el fuerte deterioro del poder adquisitivo y la precarización laboral que sufren estos sectores.

Especial atención merece el caso de los trabajadores de servicio doméstico y aquellos que trabajan sin aportes formales, en los cuales el 25,3% padece inseguridad alimentaria.

El informe también destaca notables diferencias en función del nivel educativo. Entre asalariados que no completaron el nivel secundario, la inseguridad alimentaria alcanza el 34%, mientras que entre quienes tienen formación universitaria se reduce drásticamente al 4,6%.

Otro factor crucial es la formalidad laboral. Dentro del empleo asalariado, el 24% de los trabajadores informales experimenta dificultades para alimentarse adecuadamente, frente al 9,8% del sector formal y el 14,1% de empleados públicos.

La UCA explica que estas diferencias se deben a la estabilidad laboral, el acceso a la cobertura social y los mecanismos de protección que ofrece cada tipo de empleo.

Así, el informe configura un panorama preocupante: la inseguridad alimentaria deja de ser un fenómeno exclusivo de la pobreza estructural y comienza a afectar a trabajadores con empleo, quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas esenciales.

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