Argentina presenta su defensa en el juicio por YPF ante la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Nueva York llevó a cabo hoy la audiencia de apelación presentada por la República Argentina contra el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó al país a pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.

Durante la sesión, los jueces interrogaron a fondo tanto a los representantes de la defensa argentina como a los abogados de Burford Capital, el bufete de abogados demandante. La audiencia estuvo marcada por un enfoque en los aspectos técnicos del derecho argentino y en la jurisdicción estadounidense.

Los mercados interpretaron la audiencia como desfavorable para Burford Capital, lo que se reflejó en una caída de casi un 10% en el precio de sus acciones tras la reunión.

A lo largo de la jornada, los magistrados realizaron al menos 23 preguntas a Robert Giuffra, representante de Argentina, y 22 a Paul Clement, abogado de Burford Capital, evidenciando la complejidad del caso y el control que se espera de los tribunales neoyorquinos.

En su intervención, Giuffra centró su defensa en tres ejes: el derecho público argentino, el derecho privado societario y la metodología para el cálculo de daños. El equipo de defensa de Argentina estuvo liderado por los subprocuradores de la Procuración del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.

En un comunicado, la PTN resaltó que "los abogados de la República Argentina presentaron los argumentos de manera clara y convincente", y enfatizó la importancia del caso para el país y sus habitantes.

La defensa argumentó que "la Corte del distrito inventó un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina" y que el fallo representa el mayor dictado en contra de un Estado soberano en el Distrito Sur de Nueva York.

Los jueces indagaron sobre la diferencia entre el derecho público y privado local, y cómo esos mecanismos regulan las vías de reclamo. Giuffra argumentó que "la ley argentina exige que ninguna acción de terceros impida una expropiación o sus efectos".

Por su parte, Paul Clement, abogado de los demandantes, expuso que Argentina y YPF ofrecieron garantías extraordinarias durante la privatización en 1993 para atraer inversores. Aclaró que, aunque sus clientes no participaron en la emisión original, adquirieron acciones amparadas por las mismas garantías.

En el transcurso de la audiencia, se abordó el tema de si los accionistas debían agotar exclusivamente el fuero argentino, con Giuffra explicando que "el caso nunca debió resolverse en una corte estadounidense, ya que todos los puntos en disputa giran en torno a reglas locales".

Al final de la audiencia, se destacó la relación entre derecho público y privado en el contexto de la expropiación, con los jueces cuestionando la idoneidad del tribunal para tratar los conflictos presentados por las partes.