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Actualización económica

Aprobación del bono de $70.000 para jubilados en noviembre

El monto responde a los haberes que percibirán en el mes de noviembre

Aprobación del bono de $70.000 para jubilados en noviembre

El Gobierno oficializó este martes el habitual Bono Extraordinario Previsional, que ha sido otorgado durante más de un año a jubilados que perciben el haber mínimo y a aquellos incluidos en diversos regímenes del sistema de seguridad social.

Según lo estipulado en el Decreto 771/2025 publicado en el Boletín Oficial, la medida busca "mantener el poder adquisitivo y evitar que los haberes continúen perdiendo capacidad de compra ante la inflación". Desde enero de 2024 hasta la fecha, el Poder Ejecutivo ha decidido otorgar estos refuerzos económicos, considerando que los efectos de la movilidad habían generado un desfasaje significativo para jubilados y pensionados de menores ingresos.

De acuerdo con la normativa, el bono de $70.000 será abonado automáticamente a aquellos que cumplan con las condiciones establecidas, que incluyen a titulares activos de prestaciones contributivas del sistema nacional, beneficiarios de regímenes especiales derogados, personas transferidas desde cajas provinciales o municipales, y beneficiarios del régimen creado por el Decreto 160/05. También se incluirán los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y aquellos que reciben pensiones no contributivas, independientemente de su naturaleza.

El texto indica que quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán la suma en su totalidad, mientras que aquellos cuyos haberes superen ese mínimo accederán a un monto proporcional, de forma que se complete el total del haber mínimo más el bono extraordinario. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se reiteró que este bono es de carácter no remunerativo, no sufrirá descuentos y no será computable para el cálculo de otros beneficios.

En relación con los cambios en los haberes, el último ajuste se registró en octubre, cuando se aplicó un aumento del 1,8% en los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares para todos los beneficiarios. Este incremento se debió a la actualización basada en el índice de inflación proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Un informe reciente indica que Argentina ocupa el puesto 51 de 52 países en el Índice Global de Pensiones 2025, elaborado por Mercer y el CFA Institute, ubicándose entre los sistemas jubilatorios menos destacados del mundo. Este relevamiento, que abarcó a países donde reside aproximadamente dos tercios de la población global, evaluó la solidez de los sistemas previsionales en tres dimensiones clave: adecuación, sostenibilidad e integridad.

El estudio, realizado por organismos internacionales con experiencia en consultoría previsional y mercados financieros, colocó a Argentina solo por encima de Filipinas en la actual edición del índice. Dolores Liendo, directora del área de manejo de riqueza de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay, subrayó que el análisis incluyó naciones representativas de los cinco continentes y confirmó que el universo estudiado refleja la realidad que enfrentan sistemas de pensiones muy diversos.

Liendo explicó a Infobae que la adecuación se relaciona con la capacidad de un régimen previsional para garantizar ingresos suficientes a los beneficiarios tras finalizar su vida activa. En este contexto, el análisis examinó variables como la tasa de reemplazo y el acceso efectivo de los trabajadores al beneficio.

El estudio también evaluó la sostenibilidad, que califica la viabilidad del sistema argentino a largo plazo, especialmente ante desafíos como el envejecimiento poblacional, cambios en la base laboral y crisis económicas. Los especialistas advierten que Argentina presenta vulnerabilidades marcadas en la solidez macroeconómica, el financiamiento a largo plazo y la inclusión de nuevos aportantes, aspectos que afectan la resiliencia del sistema jubilatorio.

El tercer aspecto medido es la integridad, que evaluó la adecuación de los marcos regulatorios, la transparencia de la gestión y la confianza social en el modelo previsional. La calificación en este eje resultó baja debido a factores como los cambios frecuentes en la normativa, la falta de reglas estables, el financiamiento estatal deficitario y las dudas sobre la predictibilidad del sistema.

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