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Acción Judicial Universitaria

La UBA demanda al Gobierno por cumplimiento de financiamiento

La Universidad de Buenos Aires ha decidido emprender acciones legales contra el Poder Ejecutivo para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión, adoptada por unanimidad, busca salvaguardar los derechos de la comunidad educativa frente a la falta de financiamiento adecuado.

La UBA demanda al Gobierno por cumplimiento de financiamiento

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha tomado la determinación de iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, la cual fue aprobada por el Congreso y promulgada por decreto, pero cuya aplicación se encuentra suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

El Consejo Superior de la UBA adoptó esta decisión de manera unánime durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la universidad afirmó que "este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación".

En el texto aprobado, se agrega que la medida del Ejecutivo "implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley".

La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes "a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795". Asimismo, se dispuso comunicar esta medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

El Consejo Superior fundamentó su decisión en la crítica situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional, expresando en los considerandos que "esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes".

Finalmente, el Consejo resaltó que es "imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes".

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