Caducó el decreto que permitía compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de planes sociales

El Decreto 514/2021, que permitía compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de planes sociales, perdió vigencia el pasado 30 de septiembre, generando preocupación tanto en los gremios como en los empleadores del sector agroindustrial. Esta medida, que estuvo en vigencia durante cuatro años, fue clave para que miles de trabajadores rurales pudieran acceder a un empleo formal sin perder los beneficios sociales que garantizan un ingreso mínimo durante los meses sin actividad.

En San Juan, donde gran parte de la economía se sostiene sobre el trabajo temporario vinculado a la cosecha de uva, olivo, melón y ajo, la caducidad del decreto abre un nuevo escenario de incertidumbre laboral. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), su secretario general en San Juan, Miguel Ángel Agüero, manifestó que la decisión "pone en riesgo los derechos fundamentales" de los trabajadores rurales.

"Sin esta herramienta el campo y los trabajadores quedan realmente en una situación de vulnerabilidad, y San Juan no está ajeno a eso", expresó Agüero.

El dirigente gremial destacó la importancia del decreto para las economías regionales:

"Recordemos que en nuestra provincia hay una gran cantidad de trabajadores permanentes, discontinuos y transitorios que son esenciales para sacar adelante las cosechas. La caducidad del Decreto 514 les va a generar una gran pérdida y, lo más alarmante, es que va a crecer aún más el trabajo no registrado en la provincia".

Agüero sostuvo además que la medida fue difícil de implementar, pero que había demostrado resultados positivos en la formalización:

"Esta herramienta costó mucho ponerla en marcha, y al eliminarla se profundiza la informalidad. El trabajador perderá beneficios de la seguridad social, y si no se da continuidad a esta política, tanto los empleados rurales van a enfrentar grandes problemas".

Se tiene que remarcar que la visión del gobierno actual, a nivel nacional, no tiene el ojo puesto precisamente en la protección laboral. 

Impacto en la economía rural sanjuanina
La dificultad para registrar trabajadores rurales no es nueva. Desde hace años, los productores señalan que muchos beneficiarios de planes sociales se niegan a formalizar su relación laboral por temor a perder los subsidios. Ante esa situación, las empresas y contratistas suelen optar por tomar cuadrillas de trabajadores provenientes de otras provincias, los conocidos golondrinas.

En el contexto actual, con menor rentabilidad y una caída en los volúmenes de producción durante 2025, el empleo no registrado vuelve a ganar terreno. Según explicó un productor olivícola de Albardón, Antonio Olivares, "como está el campo en San Juan, en general hoy el 95% del empleo no está registrado. No creo que impacte por ese lado".

Desde la Cámara Olivícola, Gonzalo Lenzano consideró que la eliminación del decreto "no es la solución", aunque reconoció que el sistema tenía dificultades prácticas:

"Siempre hemos tenido problemas a la hora de querer regularizar el trabajo de las personas que tienen planes sociales. Si bien no pierden el plan y se los suspenden para luego pagar el retroactivo, ellos no quieren formalizar porque dicen que pierden la asistencia".

Por su parte, Alfredo Olivera, dirigente de la Federación de Viñateros, sostuvo que los efectos de la caducidad del decreto dependerán de la disponibilidad de trabajo:

"Todo cambio trae problemas hasta que se adapta el sistema. La mano de obra estará en función de si hay o no trabajo, o si es escaso".

Un contexto económico adverso
El Decreto 514/21 fue sancionado en 2021 con el objetivo de facilitar la inserción laboral de beneficiarios de programas sociales como el Potenciar Trabajo, el Progresar o el Programa de Acompañamiento Social, entre otros. Permitía que el trabajador pudiera ser registrado sin perder el beneficio, dado que el monto de la prestación se computaba como un complemento al salario.

Su caducidad deja sin marco legal esa posibilidad, generando un escenario incierto tanto para empleadores como para trabajadores. Desde UATRE alertan que esta decisión "va en sentido contrario" a los esfuerzos por reducir la informalidad y promover el empleo decente en las economías regionales.