El Congreso critica el Plan de Inteligencia del Gobierno por posible espionaje ilegal
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia aprobó por primera vez un dictamen con "severas críticas" al Plan de Inteligencia Nacional (PIN), advirtiendo que podría habilitar tareas de espionaje contra políticos, economistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Por primera vez desde el regreso de la democracia, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación emitió un dictamen con críticas y observaciones al Plan de Inteligencia Nacional (PIN). El documento, considerado secreto, fue remitido al presidente Javier Milei y al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert.
El dictamen cuestiona que el PIN, que se supone que debe ser un marco de acción para los próximos años, abre la puerta a realizar tareas de inteligencia ilegal contra diversos actores, incluyendo a políticos, economistas, periodistas, movimientos sociales y críticos del Gobierno. La preocupación de los legisladores radica en la ambigüedad del texto, que define como objetivos de inteligencia a quienes "erosionen" la confianza en las políticas de seguridad o generen una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas".
Un revés político y judicial para el Gobierno
La aprobación del dictamen, aunque no es vinculante, representa un traspié político para el Gobierno, que hasta ahora había defendido el plan y negado las acusaciones de espionaje. Además, la situación podría tener consecuencias judiciales, ya que los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py podrían solicitar una copia del documento para analizar los cuestionamientos.
El presidente de la comisión, Martín Lousteau, junto con otros trece legisladores, aprobaron el dictamen. La preocupación de los legisladores se basa en análisis que alertan sobre los riesgos y ambigüedades del plan. Uno de los informes objetó la "inclusión de actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país, incluyendo eventualmente a ciudadanos argentinos, actores políticos, periodistas u otras personas". La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe de manera taxativa el espionaje interno sobre la base de opiniones políticas o actividades privadas lícitas.
