Rueda pide informes sobre la aplicación de la ley de cañones antigranizo

El presidente de la Comisión de Agricultura de la Legislatura Provincial, Luis Rueda, presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre el estado de aplicación de la Ley 2648-L, conocida como la ley de los cañones antigranizo. La iniciativa apunta, principalmente, a determinar si efectivamente se creó y se puso en funcionamiento el Registro de Operaciones y Tecnologías que la norma obliga a implementar. Vale recordar que esta norma suspendió por 30 meses la utilización de tecnologías que puedan afectar el ciclo hidrológico natural y de alguna manera impactar en la ocurrencia de las lluvias-

"En la comisión estuvimos debatiendo con varios diputados, entre ellos el representante de Valle Fértil, Simón Ortiz, que es uno de los más preocupados por la sequía en su departamento. Allí se sospecha que el uso de cañones o aviones puede estar relacionado con la falta de precipitaciones. Por eso queremos saber si la Secretaría de Medio Ambiente avanzó en la investigación y si se activó el registro", explicó Rueda, al justificar la presentación del proyecto. Se tiene que recordar que también el departamento de Sarmiento fue movilizado en protestar contra este tipo de tecnología, sobre todo contra algunos empresarios de Campo Grande del Acequión. En ese departamento, los principales activistas fueron algunos criadores de ganado.

La Ley 2648-L fue aprobada por unanimidad en mayo de 2024 tras una fuerte presión de sectores ambientalistas y algunos medios de comunicación. La norma suspende por 30 meses el uso de cualquier tecnología que altere el ciclo hidrológico, como los cañones antigranizo y los vuelos destinados a dispersar nubes. La reglamentación, promulgada en diciembre de ese año, prevé sanciones y multas para quienes utilicen estas prácticas sin estar debidamente inscriptos en el Registro. En ese momento, la campaña en contra de las tecnologías para combatir el granizo no tuvo fundamentos técnicos, ni científicos.

Sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si ese registro comenzó a funcionar. La norma exige que sea público, transparente y con posibilidad de participación ciudadana. Además, estipula que cada usuario debe identificarse y detallar técnicamente la tecnología aplicada, bajo control de una comisión interdisciplinaria.

El debate enfrenta a dos sectores productivos con intereses opuestos: mientras algunos viñateros y agricultores defienden el uso de cañones como medida de protección contra el granizo, productores ganaderos y agricultores de zonas áridas como Valle Fértil o Sarmiento sostienen que estas prácticas disminuyen las lluvias de las que dependen sus actividades.

"Todavía no existe evidencia científica concluyente sobre si estas tecnologías afectan o no las precipitaciones. Pero justamente por eso se suspendieron las actividades: para estudiarlas en profundidad. Nuestra obligación como legisladores es asegurarnos de que la ley se cumpla", concluyó Rueda.