La Fiscalía solicitó tres años y medio de prisión para Andrea del Boca por fraude en "Mamá Corazón"

La actriz Andrea del Boca se encuentra en el centro de un proceso judicial que podría culminar en una condena de tres años y medio de prisión por su presunta participación en un fraude relacionado con el financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción no llegó a completarse.

La fiscal federal Fabiana León ha formulado esta solicitud durante el juicio oral y público que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal N° 7, argumentando que la actriz actuó como "partícipe necesaria" en una maniobra de defraudación contra la administración pública.

En su alegato, la fiscal no solo apuntó a Del Boca, sino también al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien se le atribuye la autoría de la defraudación, solicitando para él una pena de cuatro años y medio de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Asimismo, se requirió una condena de cuatro años de prisión para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, también considerado "partícipe necesario" del fraude.

La acusación se extiende a otros procesados, incluyendo a Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM, y a varios exfuncionarios kirchneristas. Para todos ellos, la fiscal ha solicitado condenas y la restitución solidaria al Estado de 3.126.000 dólares.

La investigación se centra en un supuesto esquema de financiamiento irregular establecido a través de la UNSAM para la producción de Mamá Corazón. Según la acusación, este esquema implicó una triangulación sin concurso ni compulsa de precios, lo que permitió a la productora de Del Boca recibir fondos públicos millonarios y obtener la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero.

La fiscal León ha destacado que este circuito violó las normativas vigentes, favoreciendo a la productora A+A Group. Entre las irregularidades, se señala que el contrato fue adjudicado de manera directa, con cláusulas "arbitrarias y leoninas" que otorgaban a la empresa la exclusividad de distribución internacional por 60 meses, prorrogables por otros 60 meses, a pesar de que la producción fue financiada completamente con fondos públicos.

El caso emergió en 2016 gracias a una investigación periodística que reveló que la productora de Del Boca había recibido más de $24 millones a través de convenios entre el Ministerio de Planificación de De Vido y la UNSAM.

En 2018, el juez federal Sebastián Ramos procesó a De Vido como "autor" del delito de defraudación, y a Andrea del Boca y Carlos Ruta como "partícipes necesarios". En esta resolución, se impusieron embargos millonarios: 60 millones de pesos para De Vido, 50 millones para la actriz y 60 millones para el exrector de la UNSAM.

El juez Ramos sostuvo que la maniobra "se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca", indicando que la decisión fue el resultado de "una voluntad predominantemente política" adoptada antes de formalizar el trámite de los expedientes.

A pesar de que Mamá Corazón nunca llegó a emitirse, la productora de Del Boca habría cobrado el 76% del contrato, mientras que otras producciones bajo los mismos convenios apenas recibieron un 7%. El desembolso total previsto para la serie era de $36,58 millones, con un 10% de ganancia adicional para la productora, además de la exclusividad en la comercialización internacional.

El contrato fue suspendido tras el cambio de gobierno, cuando la administración de Mauricio Macri detuvo el financiamiento. Posteriormente, la Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos dictados por Ramos, destacando que lo cuestionable no fue el convenio con la UNSAM en sí, sino la "desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir controles con miras al desvío de fondos públicos".

Desde el inicio de la causa, la defensa de Andrea del Boca ha negado la existencia de un delito, argumentando que no hubo sobrefacturación ni perjuicio económico. Con el alegato de la fiscal ya presentado, corresponde ahora al Tribunal Oral Federal N° 7 dictar sentencia sobre este caso que ha capturado la atención del ámbito judicial y mediático.