En San Juan la sequía ya es estructural y la presión sobre el agua no da tregua
Un informe técnico del CIGIAA advierte que la provincia de San Juan atraviesa una crisis hídrica estructural, con nieves por debajo del promedio histórico, acuíferos sobreexplotados y riesgos crecientes para el consumo humano y la producción agrícola.
La provincia de San Juan enfrenta una de las peores crisis hídricas de su historia reciente. Las advertencias científicas, que desde hace más de dos décadas proyectaban una caída sostenida de las precipitaciones níveas en los Andes Centrales, hoy se transforman en datos concretos. Según el último informe del Consejo Interinstitucional de Gestión Integrada del Agua (CIGIAA), la cobertura de nieve registrada al 5 de julio de 2025 en las cuencas altas de los ríos San Juan y Jáchal se encuentra por debajo del promedio de los últimos 25 años. Esta tendencia, confirmada por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), anticipa una temporada 2025/2026 con menor oferta hídrica, lo que agrava un escenario ya crítico.
La evidencia científica respalda estas proyecciones. Distintos estudios citados por el CIGIAA –como los de González-Reyes, Hadad, Cordero y Vázquez– advierten sobre la retracción de glaciares por el ascenso de la isoterma de 0 °C, fenómeno que reduce drásticamente la capacidad de almacenamiento natural de agua en estado sólido. El derretimiento de glaciares se acelera y las nevadas son cada vez más escasas, configurando un panorama de estrés hídrico que no es coyuntural, sino estructural.
A este escenario climático adverso se suma una serie de condiciones locales que agudizan la crisis. El diagnóstico elaborado en diciembre de 2023 por las instituciones que integran el CIGIAA –el INTA, el INA-CRAS, la CONAE, la Universidad Nacional de San Juan y el Gobierno provincial– ya planteaba con claridad que la forma tradicional de gestionar el recurso ha acentuado su escasez. Las represas están por debajo de las cotas de seguridad, lo que afecta su funcionamiento estructural y ha frenado la generación de energía hidroeléctrica. Los acuíferos presentan un descenso sostenido de sus niveles, junto con un incremento preocupante de contaminación salina y presencia de nitratos. El embalse Quebrada de Ullum se encuentra en niveles críticos, al igual que el acuífero del Tulum, lo que pone en riesgo la provisión de agua potable. Además, la restricción del flujo del río aguas abajo de Ullum impide la recarga natural del acuífero del Tulum, empeorando las condiciones ambientales del ecosistema árido. En paralelo, los prolongados cortes en la red de riego afectan la productividad agrícola y comprometen la diversificación de cultivos.
La provincia ha transitado, según el informe, de una sequía hidrológica a una sequía socioeconómica. El impacto de la escasez de agua ya no se limita a la disponibilidad del recurso natural, sino que comienza a erosionar la vida cotidiana de la población y las principales actividades económicas de la provincia, especialmente en el sector agropecuario, que depende casi exclusivamente del agua superficial y subterránea.
En este contexto, se reconocen acciones positivas como la decisión del Ejecutivo provincial de liberar 800 hectómetros cúbicos para el riego superficial durante el ciclo 2024/25, lo que permitió recuperar los niveles mínimos de seguridad en los embalses. Sin embargo, las extracciones de agua subterránea no cesan y la falta de estrategias de recarga natural genera una presión creciente sobre el acuífero del Tulum. El riego agrícola, principal destinatario del recurso, presenta niveles de eficiencia muy bajos: se estima que en zonas con riego por gravedad no supera el 20%. Esta situación no solo atenta contra la sustentabilidad del sector agrícola, sino también contra la seguridad alimentaria y la viabilidad socioeconómica del modelo productivo provincial.
Frente a este panorama, el CIGIAA propone transitar hacia un modelo de gestión integrada del recurso hídrico, bajo principios que consideran al agua como un bien público y estratégico, cuyo uso debe ser racional, equitativo y transparente. El enfoque incluye la planificación por cuenca hidrográfica, la participación multisectorial, el respeto a la diversidad territorial y cultural, y la prioridad del consumo humano por sobre cualquier otro uso.
La hoja de ruta planteada por el consejo científico propone medidas estructurales para revertir la crisis. Entre ellas, se destaca la necesidad de aumentar la eficiencia del riego superficial, reemplazando el modelo actual –basado en oferta fija– por un sistema que responda a la demanda real de los cultivos, con planificación plurianual, adecuación de infraestructura y entrega volumétrica controlada. Esto permitiría tecnificar el riego a nivel parcelario y optimizar el uso del recurso.
Además, se plantea la necesidad de contar con balances hídricos por subcuenca que permitan planificar el uso del agua con previsibilidad y criterio técnico. Para ello, se requiere fortalecer la red de monitoreo de aguas subterráneas, implementar nuevas tecnologías de medición continua y volcar esa información en plataformas públicas como la UNIDE.
Otro eje central es la sostenibilidad del acuífero del Tulum, que necesita recargas ecológicas mediante caudales mínimos del río San Juan. El ahorro de agua logrado por una mayor eficiencia en el sistema de riego permitiría liberar esos volúmenes esenciales para su recuperación. También se proponen censos de perforaciones, monitoreo de extracciones y un ordenamiento territorial orientado a proteger los recursos hídricos.
El informe también destaca el valor estratégico del reúso de efluentes urbanos e industriales debidamente tratados, que podrían destinarse a actividades agroindustriales o a la recuperación de ambientes degradados. Para ello, es necesario un marco normativo actualizado y políticas públicas que promuevan el uso de aguas grises en el mantenimiento de espacios verdes, tanto en ámbitos públicos como privados.
La educación aparece como otro pilar fundamental. El CIGIAA recomienda campañas de concientización ciudadana que informen sobre la gravedad de la crisis y promuevan un cambio cultural en el uso del agua, junto con programas de capacitación técnica dirigidos especialmente a productores agropecuarios. También propone incorporar la gestión del agua en los contenidos escolares y de formación docente.
El informe concluye que, ante el deterioro progresivo del sistema hídrico, la provincia de San Juan no puede continuar con las prácticas del pasado. La gestión integrada, sostenible y participativa del recurso es hoy una necesidad impostergable. El éxito de esta transformación dependerá de la articulación entre instituciones, el compromiso político y la participación activa de la sociedad. La seguridad hídrica, la resiliencia ambiental y la viabilidad productiva están en juego, y el agua debe dejar de ser tratada como un insumo abundante para ser reconocida como lo que verdaderamente es: el recurso estratégico más valioso del desierto sanjuanino.
