Abogados para niñas, niños y adolescentes, una figura pendiente en San Juan
A veinte años de la Ley Nacional 26.061, la provincia sigue sin regular una figura clave para asegurar el acceso a la Justicia de los niños.
A pesar de que la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue sancionada hace ya dos décadas, la provincia de San Juan continúa sin reglamentar una figura esencial que garantiza su participación plena en los procesos judiciales: el abogado o abogada de niñas, niños y adolescentes (NNyA).
Así lo advierte la abogada María Julia Comoglio en un extenso y documentado análisis publicado recientemente, donde concluye que esta omisión representa una deuda grave del sistema legal sanjuanino hacia sus personas menores de edad.
"La falta de regulación específica sobre el abogado/a de NNyA crea inseguridad jurídica y vulnera el mandato legal de garantizar su participación activa en los procesos judiciales y administrativos", señala la autora.
La Dra. Comoglio participo de una charla- debate que se realizó en la sede del Foro de San Juan, el pasado 19 de mayo. La abogada es especialista en Derecho de Familia y en Derecho Procesal Civil.
Una figura clave, aún ausente
El abogado/a de NNyA es quien ejerce la defensa técnica especializada de los intereses personales de niñas, niños y adolescentes, respetando su voluntad y su derecho a participar en los procesos que los afectan. Sin embargo, en San Juan esta figura no cuenta con un marco normativo que la regule.
Según Comoglio, esta ausencia no solo incumple los compromisos asumidos por la provincia al adherir a la Ley Nacional 26.061, sino que también perpetúa un enfoque adultocéntrico que limita el acceso real de las niñeces a la justicia.
Proyectos dormidos, derechos postergados
Si bien en 2024 se presentó un nuevo proyecto de ley impulsado por la diputada Fernanda Paredes para crear el Registro Provincial de Abogados/as de NNyA, la iniciativa aún no fue tratada en comisión y corre riesgo de perder estado parlamentario.
"El silencio normativo demuestra una falta de voluntad política que frustra una oportunidad histórica para garantizar derechos fundamentales", advierte Comoglio, y destaca que, de aprobarse, el proyecto podría saldar una deuda largamente postergada.
¿Por qué es urgente?
Las conclusiones del trabajo de Comoglio son claras: no se puede seguir limitando la participación de niñas, niños y adolescentes al fuero de familia, ni seguir supliendo su voz mediante figuras como el Ministerio Público o tutores ad litem.
"La figura del abogado/a de NNyA no es opcional: es una garantía esencial de acceso a la justicia", afirma, y agrega que su implementación debe ir acompañada de capacitación para jueces, operadores jurídicos y organismos públicos, y de espacios donde las propias niñeces puedan participar del diseño normativo.
En ese sentido, propone replicar experiencias participativas como la que dio origen a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, bajo el principio de "Nada sobre nosotros sin nosotros".
