Una causa de lesa humanidad quedó postergada por la inesperada conexión con el caso Lucía Rubiño
El juicio contra los represores Del Torchio y Cardozo fue demorado luego de que el juez federal Hugo Echegaray se apartara del tribunal, por un planteo de recusación vinculado con la muerte de la joven Lucía Rubiño. La derivación sorprendió al ámbito judicial.
Una causa de lesa humanidad que tenía previsto comenzar el 4 de julio en San Juan fue suspendida y postergada para después de la feria judicial.
El motivo fue una inesperada derivación del expediente por la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente fallecida en octubre de 2023.
Según informó el medio local 0264 Noticias, el juez federal Hugo Echegaray decidió apartarse del tribunal que iba a juzgar a los represores Juan Francisco Del Torchio y Eduardo Cardozo, luego de que la defensa de los acusados presentara una recusación.
El planteo fue presentado por el abogado Marcelo Fernández Valdez, defensor de los imputados en la causa de lesa humanidad y, a su vez, representante legal de la familia Rubiño.
Fernández también apeló el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, hijo del juez, en la causa que investiga la muerte de la adolescente.
Ante esta situación, Del Torchio sostuvo que no existían garantías de imparcialidad y expresó un "temor fundado" de que el juez no actuara con objetividad.
En su escrito, Del Torchio incluso mencionó publicaciones nacionales como Infobae y Clarín, señalando que la difusión pública del caso contribuía a su percepción de inseguridad.
"No tengo ninguna garantía de que, por razones propias del ser humano, el mismo (por el juez Echegaray) vaya a ser absolutamente imparcial en mi caso", manifestó.
Fernández Valdez, por su parte, aclaró en el escrito de recusación que no tenía objeciones personales contra el magistrado, pero que debía respetar la percepción de su defendido.
Finalmente, el juez federal Hugo Echegaray aceptó apartarse "en miras de respetar la garantía del juez imparcial en el marco de un proceso penal".
El juicio, que se postergará hasta después de la feria judicial, prevista para iniciar el 7 de julio, es considerado el último proceso por delitos de lesa humanidad en la provincia.
Los acusados, Del Torchio y Cardozo, formaban parte del RIM 22 durante la última dictadura militar y están implicados en causas por privación ilegítima de la libertad y torturas cometidas contra Abraham Cruz Videla, un odontólogo vinculado al gremio minero y al hospital de Valle Fértil.
La causa ya había sufrido demoras desde febrero del año pasado, cuando el fiscal federal Francisco Maldonado solicitó la elevación a juicio.
Ahora, la Cámara deberá decidir si acepta la recusación y fijar una nueva fecha para el inicio del debate.
