El Gobierno ya tiene listo el cálculo de gastos por falsas amenazas de bomba y lo presentará a la Justicia
Cada operativo habría costado cerca de tres millones de pesos. La Fiscalía de Estado se presentará como querellante y actor civil para recuperar el dinero público gastado.
La Secretaría de Seguridad y Orden Público de San Juan completó el cálculo estimativo de los costos que representaron para el Estado los recientes operativos activados por falsas amenazas de bomba en escuelas, hospitales y otras instituciones públicas. Esta semana, la documentación será elevada a la Fiscalía de Estado, que iniciará el proceso judicial para reclamar el reintegro de esos fondos.
Así lo confirmó el secretario del área, Enrique Delgado. "Ya tenemos los valores estimativos y la documentación respaldatoria. Esta semana serán presentados ante Fiscalía de Estado para que se avance con la demanda judicial correspondiente", indicó.
Delgado precisó que el monto estimado por cada operativo ronda los tres millones de pesos, aunque aclaró que la suma definitiva la determinará la Justicia. "Nosotros solo estimamos el valor en función de los recursos movilizados. El tribunal resolverá si hay responsabilidad penal y, como consecuencia, si corresponde una reparación económica", señaló.
La Fiscalía de Estado se constituirá como parte querellante y actor civil en las causas penales vinculadas a estos hechos. Su objetivo será recuperar los gastos ocasionados por la aplicación del protocolo de seguridad ante amenazas que resultaron ser falsas.
Proceso en marcha
El procedimiento contempla que la Jefatura de Policía realice un informe detallado de cada intervención, estimando los recursos utilizados. La Secretaría de Seguridad valida esa información y la eleva a la Fiscalía, que será la encargada de presentar los reclamos ante la Justicia penal.
Delgado confirmó que ya se iniciaron los trámites sobre los hechos ocurridos en las últimas semanas. Las causas incluyen amenazas de bomba en establecimientos educativos y centros de salud que obligaron a evacuar y movilizar personal policial, unidades especializadas y recursos logísticos.
Menores y responsabilidad civil
Consultado sobre los casos en que los autores de las falsas denuncias son menores de edad, el funcionario aclaró que la Justicia primero debe dictar una sentencia penal firme. A partir de allí, la Fiscalía podrá accionar civilmente contra los padres o responsables legales.
"Si hay una condena penal y un daño acreditado, la Fiscalía de Estado va a reclamar ese dinero, incluso contra los padres de los menores involucrados", señaló Delgado.
Prevención y educación en las escuelas
Además de impulsar sanciones, desde la Secretaría de Seguridad anticiparon que se iniciará una campaña de concientización en colegios secundarios. El objetivo es prevenir estas conductas y hacer comprender a los jóvenes el alcance de sus acciones.
"La mayoría de los casos surgieron como bromas por parte de menores. Es necesario que entiendan que movilizar un operativo implica desviar recursos clave de seguridad y puede afectar a toda la comunidad", remarcó el secretario.
El programa incluirá charlas a cargo de personal de la Policía de San Juan y se implementará en distintos establecimientos educativos de la provincia en las próximas semanas.
