Caucete acumula una deuda de $550 millones con DECSA y Romina Rosas sigue sin dar señales de pago
El interventor de la distribuidora eléctrica de Caucete, ingeniero Daniel Castro, denunció que la Municipalidad que encabeza Romina Rosas no sólo acumula una deuda millonaria por alumbrado público, sino también por 40 medidores activos en edificios municipales.
La crisis energética en el departamento de Caucete no solo se manifiesta en las deficiencias del servicio eléctrico, sino también en los conflictos financieros que arrastra la administración municipal. La intendente Romina Rosas enfrenta fuertes críticas por una deuda de $550 millones con la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA), correspondiente a consumos acumulados desde diciembre de 2022.
El ingeniero Daniel Castro, interventor de DECSA desde abril de 2024, habló con Zonda Diario sobre la magnitud del problema: "Yo entré a hacerme cargo de estas funciones como interventor y ya nos encontramos con una deuda heredada que venía de hace un par de años. Me ha tocado tratar de darle una solución porque tengo la obligación de ajustar las cuentas como corresponde".
El pasivo incluye no solo el consumo del alumbrado público, sino también el gasto eléctrico de más de 40 medidores correspondientes a dependencias municipales, como centros de salud, oficinas, espacios culturales y deportivos. "Esto no es solo alumbrado. Hay edificios municipales que llevan más de dos años sin pagar. No han hecho absolutamente ningún pago y nosotros, desde DECSA, seguimos haciéndonos cargo de la energía que consumen", advirtió Castro.
Auditorías contradictorias y riesgo eléctrico
Uno de los principales puntos de controversia entre el municipio y la distribuidora ha sido la cantidad de luminarias instaladas y su consumo. "La Municipalidad hizo su propio relevamiento y nosotros realizamos otro. Encontramos una cantidad de lámparas encendidas mucho mayor, más de mil funcionando las 24 horas, lo que no sólo implica un gasto innecesario sino un riesgo grave en la red eléctrica", explicó el interventor.
Según detalló, el estado de las líneas de alumbrado público representa un peligro tanto para los transeúntes como para los operarios de la empresa: "Nos hemos encontrado con líneas de alumbrado sin aislación, donde cualquier persona podría recibir una descarga. Y eso no lo podemos intervenir porque no es nuestra competencia directa, pero convive con nuestras líneas de distribución".
Intervención del EPRE y falta de respuestas
Debido a las discrepancias entre lo informado por el municipio y lo detectado por la empresa, DECSA llevó el caso ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que terminó interviniendo en el conflicto. "El EPRE evaluó toda la documentación, los relevamientos, la cantidad de lámparas, la densidad poblacional de Caucete, y finalmente emitió una resolución a principios de junio que fija el monto adeudado en $550 millones", señaló Castro.
En paralelo, el EPRE estableció un plazo de 20 días hábiles para que las partes acuerden una forma de pago o presenten un plan de regularización. Pero desde el municipio que lidera Romina Rosas no ha habido avances. "No hemos recibido ni una señal de pago. Nos quedan apenas unos días del plazo que dio el EPRE, y la intendenta sigue afirmando públicamente que no corresponde pagar esa cifra", lamentó el interventor.
Impacto financiero para DECSA
La falta de cumplimiento por parte del municipio golpea de lleno en la salud financiera de la distribuidora. "La Municipalidad de Caucete es nuestro mayor deudor. Representa entre un 7% y un 10% de nuestra facturación mensual, y eso, para los números que manejamos en una empresa de este tamaño, es muchísimo", explicó.
Además, DECSA cumple con sus obligaciones mensuales con CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico mayorista, utilizando lo recaudado de todos sus usuarios. "Todos los meses tenemos que ajustar al máximo para poder pagar nuestras facturas. Es una preocupación constante juntar el dinero. Y no podemos seguir sosteniendo el gasto de un cliente que no paga y tampoco muestra voluntad de hacerlo", subrayó Castro.
Compensación recaudatoria y déficit
El modelo actual de gestión del alumbrado público implica que DECSA actúa como agente recaudador del Cargó Único Municipal. Sin embargo, los montos recaudados por los usuarios son menores a lo efectivamente consumido. "Lo que se recauda mes a mes no alcanza. En algunos meses puede haber superávit y en otros, como viene ocurriendo últimamente, el municipio termina debiéndonos millones. Hoy esa diferencia acumulada es de $550 millones", reiteró.
Falta de voluntad política
Para Castro, el problema excede los aspectos técnicos y se transforma en un obstáculo político-administrativo. "Si uno quiere encontrar pretextos, los va a encontrar: que la lámpara, que la potencia, que el relevamiento. Pero lo que no vemos es voluntad de pago. Ni siquiera una propuesta para ir cancelando de a poco", manifestó.
