Barrio Textil 2: más de 100 familias denuncian haber sido estafados por el gremio y una constructora
Más de 100 personas compraron carpetas para viviendas que nunca existieron. El proyecto, impulsado por un gremio y una constructora, fue dado de baja por el IPV y continúa siendo vendido, según denuncia judicial.
En el 2022, un proyecto de viviendas ilusionó a decenas de afiliados y particulares. Dos años después, los sueños de tener casa propia se derrumban y el escándalo toma forma judicial. Se trata del plan habitacional Barrio Textil 2, un acuerdo firmado entre el gremio textil —representado por el secretario gremial Roberto Vega— y la constructora DGA Construcciones, a cargo de Miguel Ceferino Aciar, que hoy está bajo la lupa por una posible estafa masiva.
La abogada Cristina Ferreyra, quien representa a 48 damnificados y acompaña a una agrupación de más de 100 personas afectadas, formalizó la denuncia penal este mismo jueves. La presentación recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos, y solicita que se investigue a Vega y Aciar por el presunto delito de estafa y casos especiales de defraudación.
Un contrato sin certezas
"El contrato que firmaron los adjudicatarios en 2022 era muy genérico y con escasa precisión legal", explicó la Dra. Ferreyra a Zonda Diario. A pesar de que el convenio fue presentado como parte del programa del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) que permite financiar viviendas a entidades con terreno y proyecto aprobado—, el contrato carecía de un elemento fundamental: no establecía ningún plazo para la entrega de las casas.
"El documento no especificaba obligaciones claras por parte de la empresa ni del gremio hacia la gente", apuntó Ferreyra. Esto permitió que muchos compradores confiaran en el proceso sin conocer sus verdaderos riesgos legales.
El terreno: la piedra que derrumbó el plan
La investigación reveló que el terreno usado para presentar el proyecto no pertenecía ni a Aciar ni a Vega. Era de un tercero, un hombre de apellido Fernández, quien supuestamente autorizó su uso para el trámite ante el IPV. Sin embargo, en junio de 2023, el organismo exigió requisitos para aprobar la factibilidad: acreditación del gremio, de la empresa, y la donación del terreno al IPV.
"Firmaron y se dieron por notificados, pero nunca cumplieron. Nunca rectificaron nada de lo que se les pidió", denunció la abogada. Al no cumplirse los requisitos en el plazo establecido, el IPV dio por caído el proyecto en junio de 2024.
Lo insólito —y, según la denuncia, delictivo— es que las ventas continuaron. "Una de las damnificadas compró en octubre de 2024 una carpeta por 8 millones de pesos. No hablamos de una cifra simbólica. Es muchísimo dinero para una familia trabajadora", enfatizó.
¿Una red de encubrimiento?
Ferreyra advirtió que detrás del acuerdo entre gremio y constructora "parece haber un arreglo económico". "Vega recomendaba a los afiliados que se presentaran ante la empresa. Tenemos audios que podrían probar esa relación. Eso lo investigará la justicia", sostuvo.
Además, aseguró que cuando Fernández, el dueño del terreno, supo que el gremio lo estaba revendiendo a un precio más alto, pidió una suma mayor. Como Aciar y Vega se negaron a pagarla, la compra fracasó. Ahí se cae absolutamente la posibilidad de comprar ese terreno. Y sin terreno, el barrio no existe. "Pero igual siguieron vendiendo", señaló.
El silencio del gremio nacional y la evasiva de los denunciados
Antes de llegar a la justicia, Ferreyra afirma que agotaron instancias administrativas: enviaron cartas documento, constituyeron en mora a las partes y buscaron respuestas. Pero solo obtuvieron evasivas.
"Aciar respondió con una carta notarial diciendo que está todo en redenda, que están esperando al IPV. Siguen pasándose la pelota", explicó. Por su parte, el gremio nacional —AOT con sede en Buenos Aires— dijo no tener conocimiento del proyecto ni de las acciones de su filial local.
"Vega ni siquiera quiso recibir las cartas documento. Se le notificó tres veces, tenemos testigos. Nunca respondió", reveló la letrada.
Una lucha colectiva: agrupación y movilización
Frente a la falta de respuestas, los damnificados organizaron la Agrupación de Colaboración del Barrio Gremio Textil 2. El objetivo es claro: actuar colectivamente para exigir justicia y recuperar el dinero invertido. "La gente quiere su casa. Ese fue el único fin por el cual terminaron pagando tanto", dijo Ferreyra.
Este jueves, varias personas se manifestaron frente a la sede gremial. Las imágenes de esa protesta serán parte del expediente y podrían repetirse en los próximos días, con cortes de calle y nuevas convocatorias.
Un proyecto fantasma con consecuencias reales
El caso del Barrio Textil 2 refleja una situación alarmante: la venta de ilusiones en nombre de un derecho básico como la vivienda. Con más de 100 personas afectadas, millones de pesos en juego y un gremio bajo sospecha, la justicia tendrá que determinar si se trató de un error administrativo o de una estafa organizada.
Lo cierto es que ninguna casa fue construida, el terreno jamás pasó al IPV, y muchos trabajadores siguen esperando una solución.