Discípula de pastor estafador logra libertad tras acuerdo millonario por engaño con viviendas del IPV

Karen Heredia, quien fuera discípula del pastor evangélico Alberto Carlos Balmaceda, ha logrado su libertad tras alcanzar un acuerdo de reparación integral del daño con sus denunciantes. La mujer, que había sido acusada de engañar a personas con la falsa promesa de acceso a carpetas de casas del IPV, se comprometió a pagar 9 millones de pesos y dos cuotas de 700 mil pesos a los damnificados.

Representada por los abogados Martín Zuleta y Ana Sofía Carmona, Heredia se mostró arrepentida y obtuvo una salida alternativa para no continuar sometida al proceso judicial. La imputada siguió la audiencia desde el Penal de Chimbas vía Zoom. El juez de Garantías Roberto Montilla homologó el acuerdo entre las partes, lo que permitió a Heredia, quien se encontraba con prisión preventiva, recuperar su libertad.

Este caso surge luego de un escándalo previo que involucró al propio pastor Alberto Carlos Balmaceda, quien hace un mes también acordó una salida alternativa. Balmaceda reconoció el daño causado y se comprometió a devolver un total de $10.952.140 en un plazo de 30 días, entregando además un departamento en el Barrio San Martín de Capital como caución real.

Por su parte, Karen Heredia —a través de sus abogados— pactó realizar el mayor desembolso de dinero de forma inmediata y los dos pagos restantes en un plazo de 30 y 60 días. Una vez que complete los pagos, la autoridad judicial estará obligada a dictar su sobreseimiento.

Este tipo de resoluciones, que el año pasado marcaron un precedente en la justicia sanjuanina, no solo ofrecen una opción para que los acusados eviten un juicio o una condena que marque sus antecedentes, sino que también permiten al sistema de justicia evitar un desgaste mayor.

La situación penal de Karen Heredia era más compleja que la del pastor, ya que los hechos en su contra ascendían a 35 denuncias y se sospechaba que se había quedado con un total de $21.292.000. Existían comprobantes de transferencias bancarias, que oscilaban entre los 350.000 y los 800.000 pesos, que la comprometían al tenerla como única beneficiaria de una cuenta bancaria del Banco Galicia.