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Revés para el Gobierno

La Justicia suspende el DNU que limita el derecho a huelga

En respuesta a una presentación de la CGT, una jueza laboral suspendió dos artículos clave del decreto presidencial. El Gobierno analiza apelar.

En un fallo que reaviva la tensión entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales, la Justicia del trabajo decidió suspender de manera provisoria los puntos más polémicos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, impulsado por el presidente Javier Milei para modificar el régimen de huelga en la Argentina.

La decisión fue adoptada por la jueza Moira Fullana, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). En su resolución, Fullana ordenó frenar los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto presidencial, por considerar que "no corresponde reformar derechos laborales consagrados por ley mediante un DNU".

Según argumentó la magistrada, cualquier modificación al ejercicio del derecho a huelga debe pasar por el Congreso, ya que se trata de una materia que exige tratamiento legislativo ordinario. Así, mientras se resuelve la cuestión de fondo, seguirá vigente la normativa actual, que protege las medidas de fuerza como parte del derecho colectivo del trabajo.

Para la CGT, el decreto promovido por el oficialismo representa una clara violación de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales suscritos por el país. En su presentación judicial, la central obrera sostuvo que el texto del DNU "invade competencias exclusivas del Poder Legislativo" y podría tener efectos graves sobre la libertad sindical y la negociación colectiva.

"Modificar el derecho a huelga, que está garantizado en el artículo 14 bis, exige un debate parlamentario. No se puede cercenar un derecho constitucional por decreto", advirtieron desde la CGT, que celebró la medida como "un freno institucional a los excesos del Ejecutivo".

En la Casa Rosada, por ahora, prefieren mantener el silencio. No hubo declaraciones oficiales tras conocerse la resolución judicial, aunque fuentes cercanas al Gobierno dejaron trascender que se evalúa apelar el fallo y llevar la discusión a instancias superiores.

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