Competencia fiscal entre provincias: ¿una solución o el inicio de nuevos problemas estructurales?
Especialistas sostienen que aunque se presenta como un incentivo para atraer inversiones, podría romper el esquema solidario de coparticipación, perjudicar a las provincias más pobres y hacer más regresivo el sistema impositivo argentino
El presidente Javier Milei ha manifestado en reiteradas oportunidades que uno de los pilares de su propuesta de reforma tributaria será la competencia fiscal entre provincias, una iniciativa que pretende eliminar el impuesto de Ingresos Brutos y consolidarlo dentro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), manteniendo una alícuota base nacional y permitiendo que cada jurisdicción defina una tasa adicional propia.
Desde el Gobierno nacional se plantea un esquema donde la Nación recaudaría un IVA "básico" y cada provincia, eliminando Ingresos Brutos, sumaría sobre ese monto una alícuota adicional, determinada según su criterio. La lógica detrás de esta medida es que, al fijar tasas más bajas, las provincias podrían atraer inversiones, compitiendo entre sí por un entorno fiscal más favorable.
Sin embargo, el proyecto despierta múltiples interrogantes y críticas. Uno de los más enfáticos fue el economista y exministro de Producción de San Juan el licenciado Marcelo Alós, quien alertó que detrás de la aparente eficiencia fiscal se esconde una ruptura del pacto federal argentino, basado históricamente en la centralización de la recaudación y su posterior redistribución mediante la Ley de Coparticipación Federal.
"Si cada provincia cobra su propio IVA adicional, la coparticipación del IVA dejaría de existir", advierte Alós. "Ese sistema solidario en el que las provincias más ricas ceden parte de sus ingresos para sostener a las más vulnerables desaparecería", afirma. En términos prácticos, las provincias con menor capacidad económica quedarían en clara desventaja, con un margen muy limitado para atraer inversiones o sostener sus cuentas públicas.
La propuesta también podría tener efectos regresivos en la estructura impositiva. El propio Alós señala que el peso relativo de los impuestos al consumo crecería, en detrimento de tributos progresivos como el Impuesto a las Ganancias. "Un esquema donde se priorizan los impuestos al consumo impacta más sobre los sectores de menores ingresos, porque proporcionalmente destinan una mayor parte de su salario al consumo básico", explicó. En otras palabras, el sistema se tornaría más desigual, haciendo que quien menos gana, termine pagando más.
Además, la viabilidad política del plan también está en duda. La reforma implicaría modificar la actual Ley de Coparticipación, un pendiente constitucional desde 1994 que ningún gobierno ha logrado consensuar. "Es muy difícil lograr los acuerdos necesarios. Si hoy no se puede reformar una ley que todos reconocen como obsoleta, imaginate cambiar todo el esquema fiscal de raíz", expresó el economista. Para lograr adhesiones, cada provincia debería recibir más fondos que los actuales, lo que se contrapone con el objetivo de ajuste fiscal del gobierno nacional.
Por último, Alós recordó que incluso durante la última dictadura –gobierno autoritario con capacidad de imponer reformas sin consenso democrático– no se pudo modificar el régimen de coparticipación. "Eso te muestra cuán compleja es la cuestión", concluyó.
Así, la idea de competencia fiscal entre provincias, si bien seductora en términos de eficiencia y libertad económica, plantea serios desafíos estructurales, políticos y sociales. Lejos de representar una solución mágica, podría abrir una etapa de fragmentación fiscal y desigualdad territorial, rompiendo con décadas de construcción federal.
