Chaco: Investigan a funcionarios de PAMI y ANSES por una supuesta red de extorsión ligada a La Libertad Avanza

El fiscal federal de Resistencia, Chaco, Patricio Sabadini, requirió la apertura de una investigación judicial por un presunto caso de "extorsión" en delegaciones del PAMI y la ANSES, que estarían operando bajo una estructura de financiamiento partidario irregular. La maniobra involucra a funcionarios y empleados que habrían sido obligados a entregar una parte de sus sueldos para garantizar su permanencia en los cargos, según pudo saber la fiscalía a través de diversos informes periodísticos y documentos difundidos.

La causa no tiene imputados formales hasta el momento, pero el fiscal dejó asentado que la investigación está dirigida "en contra de aquellas personas cuya responsabilidad se determine a lo largo de la instrucción". Las delegaciones implicadas en Chaco están encabezadas por Alfredo "Capi" Rodríguez (ANSES) y Silvia Arolfo (PAMI), ambos vinculados públicamente a La Libertad Avanza.

Cómo operaría el sistema

De acuerdo con la denuncia preliminar, los contratos laborales dentro de estos organismos no solo estaban atados a una condición política —responder al oficialismo libertario— sino también a un sistema informal de recaudación mensual. En distintas planillas que fueron exhibidas en medios, puede leerse el encabezado: "LLA RENDICIÓN DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA 13/12/2024", junto a nombres, montos y transferencias de dinero. Según esas versiones, cada uno de los pagos se habría realizado mediante transferencias bancarias a los responsables de las delegaciones del interior.

Durante la cobertura de esta información en programas periodísticos, se mencionó que no solo se exigían aportes económicos para garantizar la continuidad laboral, sino también para el nombramiento de médicos, personal técnico y administrativo. Las fuentes señalaban que "era determinante" que los nuevos contratados respondieran políticamente a LLA.

Extorsión e intimidación

La figura legal bajo análisis es el delito de extorsión. El artículo 168 del Código Penal establece penas de entre 5 y 10 años de prisión para quienes, mediante intimidación o simulando autoridad pública, obliguen a otra persona a entregar dinero, bienes o documentos.

"Se advierte que el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios, todo ello teniendo en cuenta el especial contexto en que se produjeron, y la necesidad de poder conservar sus fuentes de trabajo", advirtió el fiscal en su escrito, destacando que los hechos denunciados podrían configurar un delito de acción pública.

Las primeras medidas

El fiscal Sabadini ya inició una investigación preliminar y ordenó una serie de medidas, cuyo contenido se mantiene por el momento en reserva. La causa pone bajo la lupa el funcionamiento de organismos nacionales en una de las provincias donde La Libertad Avanza tiene fuerte presencia territorial, y podría tener derivaciones políticas y judiciales de alcance nacional si se comprueban los hechos.