Falta de documentación y gastos sin justificar: investigan la gestión de Rosas
La intendenta de Caucete deberá presentar documentación sobre gastos en fiestas, sueldos y subsidios que, según el Tribunal de Cuentas, no tienen respaldo legal ni presupuestario.
La gestión de la intendenta de Caucete, Romina Rosas, volvió a quedar en el centro de la polémica tras recibir una notificación oficial del Tribunal de Cuentas de San Juan, que exige explicaciones sobre una serie de irregularidades administrativas y financieras en la administración municipal.
El documento ingresó este lunes al municipio y contiene observaciones sobre eventos, contrataciones, subsidios, liquidación de sueldos y ejecución presupuestaria. Según publicó El Canillita Digital, la intendenta deberá presentar documentación respaldatoria de cada gasto, su procedimiento legal y el destino efectivo de los fondos.
Uno de los puntos más críticos es la falta de acreditación de pagos por $54 millones destinados a fiestas departamentales, incluyendo la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino. Además, se cuestiona el alquiler de sonido e iluminación por más de $10 millones sin licitación, en aparente incumplimiento del régimen de compras municipal.
También se detalla una contratación de artistas locales por $2,3 millones, en la que no se registran pagos efectuados ni la firma de la jefa comunal en los contratos. El documento señala además errores en las liquidaciones salariales del personal municipal, y la falta de rendición de cuentas por una ayuda a una iglesia local por $500.000.
El Tribunal de Cuentas reclama explicaciones sobre subsidios otorgados a organizaciones sin fines de lucro sin respaldo legal, sin condiciones claras de uso, y sin normas publicadas, lo que comprometería la transparencia de la gestión.
En su presentación, el organismo exige que los responsables de Hacienda y otras áreas presupuestarias tomen conocimiento de los requerimientos, y remarca que cada expediente debe estar respaldado por normas legales específicas, partidas presupuestarias claras y registros formales.
El Tribunal también solicita la creación de un registro de proveedores con documentación completa, y establece la obligación de incluir al menos tres presupuestos comparativos para futuras contrataciones. Respecto a la obra pública, advierte que cada proyecto debe tramitarse en un solo expediente desde el inicio hasta su finalización.
Hasta el momento, el Concejo Deliberante no ha tratado este pedido, pero la notificación ya está en manos de la intendenta Rosas, quien dispone de 15 días hábiles para responder con toda la información solicitada.
La situación vuelve a poner bajo la lupa la gestión de la mandataria caucetera, que en los últimos meses ha enfrentado diversas críticas por su manejo administrativo. La respuesta oficial será clave para determinar si las observaciones del Tribunal derivan en sanciones u otras acciones institucionales.
