El Gobierno gasta más de $25.000 millones para alquilar edificios de organismos públicos
Más de 50 organismos públicos funcionan en inmuebles alquilados. El Gobierno impulsa un plan de reubicación para ahorrar y aprovechar edificios propios.
En un contexto económico marcado por el ajuste y la búsqueda de equilibrio fiscal, el Estado nacional destinó una suma superior a los 25 mil millones de pesos en concepto de alquileres durante 2024. La cifra surge de un informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados, con datos recopilados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Según el relevamiento, actualmente más de 50 organismos estatales —entre ministerios, secretarías, institutos y otras dependencias— funcionan en edificios que no son propiedad del Estado. Esto representa un gasto mensual estimado en más de $2.500 millones, lo que al tipo de cambio oficial del 16 de abril equivale a unos 21,8 millones de dólares anuales.
Los contratos de alquiler se celebran mediante licitaciones públicas entre los distintos organismos y propietarios de los inmuebles —ya sean personas físicas o empresas— y varían en función del espacio requerido, la ubicación, el plazo acordado y las cláusulas de actualización.
Entre los organismos con mayores erogaciones mensuales se encuentran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que encabeza la lista con $478 millones por mes, seguida por la ANSES ($247 millones), la Superintendencia de Servicios de Salud ($233 millones), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($198 millones) y la Secretaría de Obras Públicas ($164 millones).
Ante este escenario, el Gobierno busca reducir gradualmente el gasto en alquileres mediante un plan de relocalización de oficinas públicas a edificios de propiedad estatal. La AABE explicó que esta estrategia apunta a mejorar la eficiencia en la administración de los inmuebles, disminuir el peso presupuestario de los alquileres y poner en valor el patrimonio inmobiliario nacional.
"Este plan forma parte de una estrategia de optimización de recursos y eficiencia en la administración de inmuebles", señala el informe elevado al Congreso, en el que se detalla que el objetivo es aprovechar instalaciones ya disponibles y reducir al máximo los contratos de alquiler vigentes.
