Caso AMIA: la fiscalía pidió avanzar con un juicio en ausencia para diez acusados prófugos

La Unidad Fiscal AMIA, encabezada por Sebastián Basso, presentó ante el juez federal Daniel Rafecas un pedido formal para llevar a juicio a diez imputados prófugos por el atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. El requerimiento se basa en la nueva Ley 27.784, que permite realizar juicios en ausencia cuando los acusados fueron declarados rebeldes y tienen pedidos de captura internacional vigentes.

Los imputados –entre ellos altos exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de la organización Hezbollah– están acusados de haber participado en la planificación, ejecución y apoyo logístico del ataque terrorista que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

El pedido de la fiscalía apunta a que, a pesar de la falta de colaboración internacional y el estancamiento de las extradiciones, la Justicia argentina pueda avanzar con el juzgamiento de los responsables de un hecho calificado como crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible.

"Se trata de una herramienta que permite evitar la impunidad cuando los acusados se niegan sistemáticamente a comparecer ante la Justicia", señalaron fuentes judiciales.
La medida busca alcanzar a Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Todos ellos fueron declarados rebeldes y, según la fiscalía, tienen pleno conocimiento del proceso en su contra, pero nunca respondieron a los requerimientos judiciales ni se presentaron ante tribunales.

El fiscal Basso remarcó que el nuevo régimen procesal es aplicable dado que el atentado ha sido calificado judicialmente como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto puede ser tratado bajo los lineamientos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El expediente señala que el ataque fue perpetrado por una célula de la organización libanesa Hezbollah, con apoyo y financiamiento del gobierno iraní y su embajada en Buenos Aires. El uso de explosivos, la logística internacional y los vínculos diplomáticos detrás del atentado han sido objeto de investigación durante décadas.