Prohíben a Bullrich dirigir el operativo en la protesta de jubilados
La Justicia porteña dispuso que la Policía de la Ciudad será la encargada del operativo este miércoles.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, no liderará el operativo policial de este miércoles durante la tradicional marcha de jubilados, que estará a cargo exclusivamente de la Policía de la Ciudad. Así lo determinó el juez porteño Roberto Gallardo, del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, tras los amparos presentados por gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes buscaban impedir la intervención de fuerzas federales.
El fallo ordenó al Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, abstenerse de permitir la participación de fuerzas de seguridad nacionales, argumentando que esto contravendría la Ley de Seguridad Interior y afectaría la autonomía local y las funciones de la Policía de la Ciudad.
De esta forma, Gallardo dispuso que la administración de Macri asuma la responsabilidad del operativo de seguridad del miércoles 9, que coincidirá con la movilización del paro general impulsado por la CGT. Los gremios que integran esta central ya confirmaron su apoyo y participación en la protesta de los jubilados.
Por otra parte, se ordenó que se garantice "la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes" en el ámbito porteño, coordinando un operativo de seguridad que deje "sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión" y que se "delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante".
A través del fallo, Gallardo aseguró que "no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales" de las personas que asistan a la marcha.
"El riesgo invocado (lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la Ciudad) no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros", concluyó.
