Rabia en el Gobierno por el duro revés en el Senado

Luego del rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema, el Gobierno nacional emitió un duro comunicado en el que cuestionó la decisión de la Cámara Alta y acusó a los legisladores de priorizar "sus causas judiciales" por encima del funcionamiento institucional del país.

El documento, difundido por la Oficina del Presidente, advierte que la votación demuestra que "la politización de la Justicia representa una amenaza para la democracia" y apunta contra los senadores que rechazaron las nominaciones. "Luego de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República", señala el texto.

Fuerte crítica al Senado y promesas de reforma

En un tono confrontativo, el comunicado califica de "inédito" el rechazo de los pliegos y sostiene que la decisión fue tomada "por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad". Además, define al Senado como "el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación" y lo acusa de ser "una máquina de impedir".

"Mientras la clase política anteponga su protección penal y no la normalización del sistema judicial, el derecho a la Justicia continuará limitado en la República Argentina", agrega el comunicado. Pese al revés legislativo, el Ejecutivo reafirmó que el presidente Javier Milei seguirá "trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones".

La Justicia también intervino tras la votación

El pronunciamiento del Gobierno llegó luego de que los pliegos fueran rechazados por una amplia mayoría en el Senado: Lijo obtuvo 43 votos en contra, 27 a favor y una abstención, mientras que García-Mansilla sufrió un revés aún mayor, con 51 votos negativos y solo 20 positivos.

Tras la votación, la Justicia tomó cartas en el asunto. El juez Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para impedir que García-Mansilla intervenga en causas judiciales, mientras que Lijo tampoco podrá jurar como integrante del máximo tribunal.

El cruce entre el oficialismo y el Senado dejó en evidencia la dificultad del Gobierno para avanzar con su estrategia en la Corte Suprema y reavivó el enfrentamiento con sectores de la oposición, en un contexto de creciente tensión política e institucional.