El Gobierno quiere llevar la causa de los incidentes en el Congreso a Comodoro Py
El Ministerio de Seguridad acusó a los intendentes de La Matanza, Lomas de Zamora y a un dirigente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo de haber intervenido en la organización de los barras.
l Gobierno nacional presentó una denuncia contra los manifestantes y barras bravas arrestados durante los violentos enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Según la presentación judicial, se los acusa de delitos como sedición, atentado al orden constitucional, asociación ilícita agravada y actos contra la vida democrática. Además, el Ejecutivo solicitó que se revoque la competencia de la jueza que ordenó la liberación de los detenidos.
La denuncia, a la que accedió TN, fue presentada por el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. Según el documento, la protesta del miércoles 12 de marzo de 2025, convocada en apoyo a los jubilados, habría sido infiltrada por grupos violentos organizados, muchos de ellos provenientes del mundo del fútbol. Entre las parcialidades señaladas se encuentran hinchas de clubes como Boca, River, Independiente, Racing, Chacarita, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros. También se mencionaron agrupaciones políticas y sindicales vinculadas a los incidentes.
De acuerdo con la denuncia, los enfrentamientos fueron planificados y los agresores llegaron preparados con armas blancas, palos, fierros e incluso dispositivos tipo "miguelito" para dañar vehículos de las fuerzas de seguridad. Además, provocaron incendios en la vía pública, incluyendo un patrullero y una motocicleta.
El Gobierno apuntó directamente contra Leandro Capriotti como el principal organizador de los disturbios, señalándolo como un aliado del dirigente sindical Luis Barrionuevo. También se menciona la presunta vinculación de los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, ya que en esos municipios se habrían concentrado parte de los grupos que luego participaron de los hechos violentos.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la violencia no fue espontánea ni una simple protesta social, sino un intento de desestabilización contra la administración del presidente Javier Milei. Según el documento, los grupos involucrados habrían anunciado su intención de continuar con este tipo de acciones todos los miércoles.
Por otro lado, el Gobierno pidió apartar de la causa al Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, dirigido por la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 manifestantes tras una presentación de la Defensoría Pública. Andrade argumentó que las detenciones vulneraban derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Las primeras evaluaciones oficiales identificaron a hinchas de Nueva Chicago, Rosario Central, Newell’s, Chacarita e Independiente entre los principales responsables de los disturbios. En total, se registraron 124 detenciones y más de 40 personas heridas, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado grave tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.
