El Gobierno llevará al Congreso una reforma para aumentar las condenas por incendios intencionales
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, adelantó que el proyecto que se tratará en el Congreso prevé penas de 4 a 12 años de prisión, con un máximo de 25 años en los casos más graves, como los que afectan ecosistemas.
Ante la gravedad de los incendios en la Patagonia, el Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para agravar las penas de quienes provoquen incendios intencionales. Buscarán tratarlo en extraordinarias. Por el momento hay dos detenidos. Las llamas afectan a más de 70 mil hectáreas de la Comarca Andina.
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, dio a conocer este lunes que la administración libertaria llevará al Parlamento una propuesta para aumentar el castigo penal contra aquellos que sean hallados culpables de generar incendios de manera intencionada.
"Incluiremos en Sesiones Extraordinarias un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación", adelantó el abogado a través de su cuenta en la red social "X", en medio de las críticas hacia el Gobierno nacional por la falta de reacción ante los incendios en el sur del país.
Respecto a los posibles implicados en el origen de los incendios, el ministro acusó a "terroristas disfrazados de mapuches", quienes, según dijo, "prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios". "Van a pagar tras las rejas", cerró.
La iniciativa fue propuesta por el presidente Javier Milei y será incluida en las Sesiones Extraordinarias que lleva adelante el Poder Legislativo. Además del aumento de las condenas y el carácter de delito excarcelable, incluye también agravantes cuando se afectan bosques, plantaciones o ecosistemas. Y cuando el objetivo del incendio es intimidar al Gobierno.
Actualmente la pena para quienes inician fuegos es 3 a 10 años de prisión, pero si el incendio genera peligro de muerte o mata, asciende a un máximo de 20 años. De ser aprobado el proyecto, las penas pasarán a ser de 4 a 12 años en caso mínimo y hasta 25 años de máxima.
