Piden explicaciones por el no pago de derechos de exportación de las mineras
El diputado Walberto Allende impulsa un pedido de informes al Gobierno Nacional para esclarecer por qué las empresas mineras dejaron de abonar derechos de exportación. El proyecto apunta a regularizar el vacío legal y garantizar inversiones en infraestructura crítica para el desarrollo minero.
Luego de que medios de comunicación revelaran que un vacío legal permitió a empresas mineras eludir el pago de derechos de exportación, el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Walberto Allende, presentó un proyecto de resolución para solicitar explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional.
El legislador sanjuanino busca que, a través de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, se brinde información detallada sobre la situación vinculada a la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) del 8%, vigente según el Decreto Nº 908/2021 para mercaderías incluidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.). Entre los puntos que solicita aclarar se destacan:
-Empresas inscriptas en el Registro Fiscal de Empresas Mineras.
-Detalle de empresas que dejaron de abonar derechos de exportación, incluyendo montos no percibidos y exportaciones realizadas desde enero de 2024.
-Las razones que llevaron a la anulación de la alícuota, respaldadas por dictámenes o informes, si existieran.
-Si las provincias propietarias del dominio de los minerales fueron consultadas, tal como estipula el artículo 124 de la Constitución Nacional.
-Políticas públicas proyectadas para desarrollar la infraestructura crítica necesaria para la explotación minera.
Impacto económico del vacío legal
-El oro y la plata, principales minerales afectados por esta medida, generan un volumen considerable de exportaciones. -
Según el informe de noviembre de "Exportaciones Mineras de Argentina" de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, entre enero y octubre de 2024:
-El oro alcanzó un acumulado de u$s 2.429 millones.
-La plata sumó u$s 502 millones.
Estas cifras equivalen a aproximadamente $3.054 billones al tipo de cambio oficial, de los cuales un 8% en derechos de exportación hubiera representado ingresos por $244.328 millones para el Estado Nacional.
Una discusión más allá de lo político
En su presentación, Allende destacó que esta no es una cuestión de ideologías políticas, sino de sentido común. Si bien reconoció los beneficios iniciales del Régimen de Incentivo a la Inversión y Exportaciones Mineras (RIGI) y el estímulo a la inversión, subrayó que la explotación minera requiere infraestructura crítica para desarrollarse de manera eficiente.
"¿Corresponde que el Estado deje de percibir $244.328 millones que podrían ser utilizados para caminos, redes eléctricas y transporte ferroviario necesarios para la actividad minera? Entiendo que no", afirmó el diputado, aludiendo a que una política clara sobre este tema es imprescindible para sostener el crecimiento del sector.
Infraestructura, un desafío pendiente
Allende señaló que la minería en zonas de altura, como la Cordillera de los Andes, exige inversiones significativas en infraestructura para garantizar el transporte de personal, materiales, combustible y alimentos. A su juicio, el vacío legal actual no solo representa una pérdida de ingresos para el Estado, sino que ralentiza el desarrollo minero y afecta la planificación de actividades críticas durante el estrecho período de tiempo que permite el clima en la cordillera.
Finalmente, el diputado abogó por modelos de financiamiento mixto, similares a los aplicados en países como Canadá, para distribuir los costos de infraestructura entre el Estado y las empresas. "Es necesario establecer reglas claras para que la minería pueda desarrollarse con seguridad, eficiencia y en beneficio de todos los actores involucrados", concluyó.
