Investigan a la vicegobernadora de Neuquén
Gloria Ruiz, la vicegobernadora de Neuquén, informó que Pablo Ruiz, su hermano, fue apartado de su cargo para garantizar la transparencia de la investigación tras la causa por movimientos financieros sospechosos
La vicegobernadora y también líder de la Legislatura neuquina, Gloria Ruiz, desvinculó del cargo que desempeñaba su hermano, Pablo, como coordinador de la institución.
Según sus propias palabras, la medida pretende "garantizar la independencia del Poder Judicial" y "asegurar que las investigaciones avancen sin interferencias".
Asimismo, Gloria Ruiz aseguró que el personal legislativo "tenía instrucciones de colaborar plenamente con la Justicia" y que todo lo que se requirió para ahondar en la investigación fue entregado inmediatamente, para "facilitar" el accionar del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Asimismo, señaló que "la transparencia institucional" es uno de los puntos más importantes de su gestión y determinó que estas decisiones "son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial".
La investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, es derivada de una denuncia periodística, que destapó una presunta defraudación al Estado provincial por un monto cercano a los 30 millones de pesos.
Marcelo Bermúdez, diputado provincial de Neuquén, se refirió al tema en diálogo con Cadena 3: "Nos enteramos este viernes en horas de la madrugada cuando se empiezan a producir allanamientos en viviendas que son de propiedad del entorno de la vicegobernadora".
El diputado detalló que la investigación se origina en una notificación del Banco de la Provincia de Neuquén sobre "sospechas en las cuentas que se radicaron en el banco provincial". Se alega que "fondos públicos que salieron a financiar programas de la Legislatura salieron de cuentas de la Legislatura a cuentas particulares del hermano de la vicegobernadora" y que de ahí se realizaron retiros en efectivo y la constitución de plazos fijos "a nombre de la vicegobernadora".
Como respuesta a estos hechos, se convocó a una sesión legislativa para dar ingreso a un proyecto de resolución que podría activar el procedimiento constitucional del artículo 189, que busca determinar la "inhabilidad moral para el ejercicio de la función pública".
