Obras sociales y tarifas de luz en la mira de la Defensoría del Pueblo
A la preocupación por la demora en la entrega de medicación a personas con diabetes por parte de la Obra Social Provincia ahora se sumó el del aumento en las tarifas de energía eléctrica.
Las denuncias que lideran el ranking por parte de los usuarios en la Defensoría del Pueblo son por los reclamos en las obras sociales y el incremento en las facturas de electricidad que han ocurrido en los últimos meses en la provincia. Así lo expresó a Zonda Medios su titular, Florencia Peñaloza.
Por esta razón es que desde el organismo se emitió una resolución instando a Energía San Juan (ESJ) y al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) a implementar medidas extraordinarias para mitigar el impacto del aumento tarifario.
Anteriormente había solicitado que la Obra Social Provincia (OSP), arbitre los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa especial que garantice la entrega de insumos para el control de la glucemia en sangre a personas con diabetes insulina dependiente.
En el caso de la energía eléctrica la Defensoría del Pueblo instó a diferir las fechas de vencimiento y vigencia de las facturas emitidas; supender el cobro de intereses por mora en el pago; Instrumentar planes de pago gradual para usuarios que lo soliciten y suspender los cortes de servicio por falta de pago.
Además solicitó tomar medidas urgentes para proteger los derechos de los usuarios. "Esta resolución es una importante herramienta para defender los derechos de los consumidores", expresó Peñaloza.
Agregó que "se deben adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano fundamental".
La funcionaria indicó que "se notificó la resolución tanto a Energía San Juan como al EPRE exhortándolos, a los fines que den cumplimiento de la medida". Aclaró que "basado en el transcurso de los plazos administrativos que a nosotros nos da la ley que nos aprueba las competencias, se requiere la aplicación de las medidas y si no, se insta a una instancia judicial o amparo", aseguró.
Peñaloza informó que se han detectado incrementos variables, en algunos casos de hasta el 50% y en otros del 300% debido a que cada factura se lee distinto ya que el costo se eleva no sólo por el incremento del precio de la energía sino que en otros se suma la quita de subsidios nacionales y también provinciales.
Hasta el año pasado los reclamos estaban orientados hacia la telefonía, internet y los planes de autoahorro. La letrada analizó que "eso se debe a que la realidad socioecoómica de los argentinos (debido a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei) ha cambiado y eso hace que las prioridades sean distintas", por eso ahora apuntan hacia los costos de la salud y los servicios.
"Hay un sinnúmero de reclamos continuos de los diferentes derechos que establece nuestra constitución, que se ven vulnerados día a día, tanto por entidades públicas como privadas", concluyó.
LOS RECLAMOS ANTE LA OSP PODRÍAN DERIVAR EN AMPAROS COLECTIVOS
En referencia a lo actuado ante la OSP Peñaloza dijo que hubo una reunión con las autoridades y también con las de Fiscalía de Estado en la que se comprometieron a resolver el problema, pero a través de un estudio realizado por los equipos interdisciplinarios de la Defensoría se constató que más del 79% de las farmacias del Gran San Juan no pueden o demoran más de 15 días en entregar la medicación a los pacientes con diabetes.
"Eso nos llevó a realizar una segunda resolución para el cumplimiento del 100% del programa, hacíéndonos parte de todas las medidas de amparo individuales que han presentado los afiliados y tomando los recaudos necesarios para futuros amparos colectivos si la cuestión no se resuelve de manera urgente".
"Seguramente en el transcurso de esta semana se encontrará una solución definitiva, y si no es así, se tendrá que realizar el amparo colectivo", afirmó.
La solicitud de la Defensoría del Pueblo a la Obra Social Provincia fue reactivar la entrega ininterrumpida de la insulina, cobertura de sensores y tiras reactivas para todos los afiliados con diagnóstico de diabetes como lo establece la legislación internacional, nacional y provincial, según consignaron en un comunicado.
"El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, derivado del derecho a la vida que le corresponde a toda persona", se argumentó, por lo tanto "la OSP tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud de sus afiliados, y esto incluye la provisión de los insumos necesarios para el tratamiento de las enfermedades crónicas como la diabetes".
Peñaloza consignó que fueron más de 30 las denuncias en contra de la OSP.
LO MÁS DENUNCIADO
En la actualidad los reclamos más frecuentes en la Defensoría del Pueblo son por la OSP y las prepagas, también por el servicio de agua potable. Sin embargo Peñaloza reconoció que también hay muchos reclamos "de los cuales tenemos una competencia muy limitada", con respecto a las entidades bancarias y los seguros.
"En ese caso la Defensoría asesora y acompaña a los usuarios en el procedimiento de reclamo con las entidades que realmente tienen mayores facultades que nosotros", subrayó la funcionaria a modo de consejo para quienes se ven afectados por eta problemática.
