Empresarios de colectivos aseguran que no están en condiciones de pagar los sueldos
La medida, que sorprendió a la población, responde a la delicada situación financiera de las empresas, exacerbada por la falta de fondos compensatorios y los crecientes costos operativos.
Este miércoles, los usuarios de la Red Tulum fueron tomados por sorpresa porque la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) ha anunciado medidas restrictivas para el servicio de transporte público para la tarde de este jueves, finalizando los recorridos a las 22.
Ricardo Salvá, uno de los referentes de ATAP, expresó su preocupación ante esta situación e hizo un llamado urgente a una revisión tarifaria. En una entrevista realizada en la mañana de este miércoles en Radio Light, Salvá señaló la delicada situación financiera que enfrentan las empresas, afirmando que no están en condiciones de afrontar los costos operativos, incluyendo el pago de salarios.
"La situación nuestra es tan delicada que no estamos ni en condiciones de pagar los salarios", manifestó Salvá. Explicó que el encarecimiento de los costos y la falta de fondos provenientes del Fondo Compensador del Transporte Público, así como los aumentos significativos en los costos operativos, han complicado la situación de manera considerable.
Salvá argumentó que, si bien se acordaron tarifas teniendo en cuenta la recepción de fondos compensatorios por parte del gobierno nacional, estos nunca se materializaron, lo que ha dejado a las empresas en una situación económica precaria. Además, destacó que los costos operativos, como el combustible y los repuestos, han experimentado aumentos sustanciales en los últimos meses, lo que ha exacerbado la crisis financiera del sector.
Ante esta situación, Salvá indicó que las empresas no pueden seguir operando bajo los actuales números y pidió negociaciones con el gobierno para encontrar soluciones viables. Sin embargo, confirmó que la medida de reducción de frecuencias y finalización anticipada de los recorridos está en pie para la tarde del jueves, aunque señaló que están dispuestos a dialogar para buscar alternativas.
Por su parte, desde el Ministerio de Gobierno se ha señalado que esta medida no es legal, ya que se firmó un acuerdo tarifario que debería regir durante todo el mes de febrero. Sin embargo, Salvá argumenta que es necesario considerar la situación financiera real de las empresas y encontrar soluciones que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.
"A mí me parece que lo que no es legal es obligar a las empresas a trabajar muy por debajo de los costos. En segundo lugar, el principio de buena fe contractual, y haciendo este tipo de declaraciones, el Gobierno no está demostrando demasiada buena fe en su palabra. En tercer lugar, el aumento tarifario, o el equilibrio tarifario obtenido en el mes de diciembre, como dije, se tornó espurio porque se tuvo en cuenta que recibíamos un fondo compensador que en realidad nunca lo percibimos. Y además, en ese momento se pactó que en el mes de febrero íbamos a estudiar los costos para que pudiéramos tener tarifa a partir de marzo", concluyó el empresario.
