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Ajuste

El Gobierno Nacional avanza con el recorte de fondos destinados a obras sociales

El Gobierno evalúa un recorte en los fondos destinados a obras sociales, lo que genera preocupación en la CGT. La medida podría afectar la atención médica de millones de personas.

El Gobierno liderado por Javier Milei ha desatado una nueva polémica al evaluar un drástico recorte en los recursos destinados al financiamiento de obras sociales, administradas por los principales líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta medida se suma al ajuste contra los gobernadores y responde, según el relato oficial, a la lógica de eliminar intermediarios en el manejo de fondos.

El recorte afectaría al reparto gestionado por la Superintendencia de Servicios de la Salud, liderada por Gabriel Oriolo, y amenaza con impactar en la atención médica de discapacitados, jubilados y monotributistas. Se proyecta una reducción de alrededor de un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución, destinados a servicios de transporte y educación para discapacitados.

La medida ha generado fuertes críticas desde la CGT, que advierte sobre el riesgo de desfinanciar el sistema de obras sociales, que actualmente atiende a más de 14 millones de personas. José Luis Lingeri, referente de la conducción de la CGT, denunció que esta decisión afectará directamente a los trabajadores y a la salud pública, que ya enfrenta problemas de colapso.

El complejo escenario se agrava con la intención del Gobierno de eliminar subsidios automáticos destinados a compensar los aportes realizados por monotributistas, jubilados y trabajadores de bajos salarios a las obras sociales. Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación en la cúpula de la CGT, que denuncia la falta de diálogo y de información clara sobre el destino de los fondos.

Ante esta situación, desde la CGT se han anunciado acciones legales para frenar el recorte de fondos y se ha instado al Gobierno a dialogar y reconsiderar estas medidas que afectan directamente a los trabajadores y al sistema de salud. El futuro de las obras sociales y de millones de personas que dependen de ellas está en juego, mientras las tensiones entre el Gobierno y los sindicatos continúan en aumento.

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