Por los piquetes, organizaciones sociales deberán pagar $60 millones
Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni en la conferencia de prensa. Detalló que se identificaron a los convocantes de la protesta.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy que el gobierno encabezado por Javier Milei tomará medidas contra 14 organizaciones sociales a las que se les imputa haber convocado la marcha del pasado 20 de diciembre. Adorni comunicó que el ejecutivo intimará a estas entidades a pagar una factura de $60 millones, correspondiente al costo estimado del operativo de seguridad desplegado durante la movilización.
"Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía", afirmó Adorni, subrayando que este procedimiento se llevará a cabo de acuerdo al protocolo de orden público. Las organizaciones mencionadas incluyen al Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la William Cook, MTR 12 de abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, el FOL, Barrios de Pie, Torres, el MTE y el Movimiento Patria Justa.
El vocero presidencial también informó que se recibieron alrededor de 15,900 llamadas a la línea 134, habilitada para denunciar a punteros y organizaciones que presuntamente amenazaban a beneficiarios de planes sociales para que participaran en la marcha. Adorni destacó que se presentaron denuncias contra 32 personas por extorsión.
En el marco de estas acciones, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia ante los Tribunales Federales por los delitos de extorsión y defraudación al Estado relacionados con el manejo de planes sociales. La denuncia fue presentada ante el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello y la Fiscalía del Dr. Gerardo Pollicita.
Desde el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, señalaron que se está llevando a cabo un proceso de identificación de las personas que cortaron la vía pública, en violación al artículo 194 del Código Penal, y que hasta el momento se han identificado a 35 infractores. Además, se está llevando a cabo un procedimiento de cruce de datos para verificar quiénes poseían planes sociales y retirárselos, según indicó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
