Ocho jueces fueron destituidos en un jury en San Juan
Ocho jueces provinciales fueron destituidos en un jury desde 1980 a la fecha. El primero fue Carlos Zavalla en 1990, el último, Javier Eduardo Alonso en 2021.
Si bien hubo una innumerable cantidad de pedidos de jury contra magistrados sanjuaninos, desde 1983 a la fecha, solamente ocho jueces fueron destituídos por el Jurado de Enjuiciamiento. El primero fue Carlos Zavalla en 1990, el último, Javier Eduardo Alonso en 2021.
Carlos Horacio Zavalla, ex titular del Cuarto Juzgado Penal, fue el encargado de abrir la lista de destituídos. Su nombre tomó trascendencia cuando en su Juzgado recayó el denominado "Caso Pinar", hecho en donde estuvieron involucrados 12 jóvenes sanjuaninos por haber violado a dos jóvenes porteñas.
La Corte pidió su destitución porque Zavalla en forma inexplicable anuló todo el proceso de investigación, dejando en libertad a todos los involucrados en el caso.
La sentencia de destitución, firmada el 13 de julio de 1990, fue sostenida por el voto unánime de los integrantes del Jury: Alberto Marcelo Bustos, Daniel Emilio Dávila, Mario Petrignani, Guillermo de Sanctis y Alejandro Aimé Díaz.
Dos años después, 5 de julio de 1994, el Jurado destituyó a Javier Cámpora, a cargo ese año del Tercer Juzgado Correccional, por mala conducta y posible comisión de delitos.
La denuncia contra Cámpora la presentó Ruperto Godoy, en ese entonces ministro de Gobierno, al sostener que el juez estaba involucrado en el robo a la Dirección de Arquitectura. El funcionario aportó como prueba un video en donde Juan Guevara, uno de los autores del robo, mencionaba a Cámpora en el reparto del botín.
La mayoría de los miembros del Jurado sostuvieron que había prueba que señalaban que el magistrado encubrió a los delincuentes y lo destituyeron.
En noviembre de 1997 destituyeron a Carlos Reinoso, extitular del Primer Juzgado de Instrucción Penal. El juez fue capturado por una cámara oculta proponiendo "un arreglo extrajudicial" al abogado Horacio Alday, quien contaba con el asesoramiento del estudio porteño de Moreno Ocampo. La grabación se pudo ver en todo el país porque salió por la señal de Telefe. Resultado, Reinoso destituido por mala conducta.
Un año más tarde, en noviembre de 1998, el Jurado removió del cargo a Lucy Juana Rodríguez, quien estaba al frente del Cuarto Juzgado de Instrucción. La Corte denunció a la magistrada, luego de que una auditoría revelara que el Juzgado era un desastre.Rodríguez fue destituida por incumplimiento de los deberes a su cargo y negligencia.
María Elena Gómez, a cargo del Juzgado de Paz de Calingasta, fue separada del cargo en 2003. Es la única magistrada destituida por incapacidad física y mental sobreviviniente. El máximo tribunal de Justicia pidió su destitución ante el Jurado, luego de que una Junta Médica sostuviera que tenía un grado de incapacidad permanente superior al 60 por ciento.
En agosto de 2004, destituyeron al titular del Juzgado de San Martín, Alejandro Aguiar Arévalo. La denuncia contra el magistado fue presentada por el Foro de Abogados, presidido por Alberto Bloise.
La presentación sostenía que Aguiar Arévalo era funcional a estudios jurídicos que representaban a financieras y tarjetas de crédito, en perjuicio de los demandados. Por unanimidad el Jurado lo destituyó por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, negligencia y mala conducta.
Carlos Macchi, envuelto en la megacausa de las expropiaciones fraudulentas contra el estado provincial, es otro de los nombres de la lista de jueces destituidos. En diciembre de 2013, el Jurado lo encontró culpable de mal desempeño en sus funciones al frente del Quinto Juzgado Civil, tras haber emitido dictamen en perjuicio del Estado con respecto a los juicios de expropiación de los terrenos del dique Cuesta del Viento, Canal Playa, Parque de Mayo y la vereda de la Asociación San Vicente De Paul.
Mientras que el último juez destituido en la provincia fue Javier Eduardo Alonso. El jury, encabezado por el cortista Marcelo Lima, destituyó por unanimidad al exmagistrado de Jáchal el 18 de septiembre de 2021 por los cargos de negligencia, morosidad injustificada y falta de los deberes a su cargo.
La Corte de Justicia había denunciado a Alonso en 2020 por la casi paralización de su Juzgado. El fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y su par de Estado, Jorge Alvo, dieron lugar a las presentación del máximo tribunal ante el Jurado de Enjuiciamiento y denunciaron al juez por "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, morosidad injustificada en el ejercicio de sus funciones, negligencia y mala conducta".
Según la acusación realizada por los fiscales habría una inactividad total en el fuero penal de la Segunda Circunscripción, con jurisdicción en Jáchal e Iglesia, mientras que en el fuero civil existió un aumento desproporcionado de las causas a resolver entre 2019 y 2020.
