El Consejo de la Magistratura discute cómo seguir funcionando
El organismo convocó a una audiencia extraordinaria ante la inminente paralización de algunas de sus funciones. Este viernes vence el plazo fijado por el máximo tribunal para volver a la conformación anterior a la ley de 2006.
El Consejo de la Magistratura decidió estwe miércoles por unanimidad remitir las ternas para designar jueces a la Comisión de Labor para que se vuelvan a discutir cuando se despeje cómo quedara conformado el organismo, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional su integración en diciembre del año pasado y emplazara a reformular su conformación antes de este viernes.
La propuesta de postergar las votaciones de las ternas, que debe hacer el plenario con una mayoría especial de 9 sobre un total de 13 miembros, partió desde el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.
La audiencia extraordinaria fue convocada por el presidente del cuerpo, el juez penal Alberto Lugones, para organizar las elecciones de representantes de abogados y magistrados pero también para sancionar un esquema de funcionamiento administrativo después del viernes, cuando ya se haya vencido el plazo de 120 días fijado por la Corte para una nueva integración.
El Consejo tiene entre sus atribuciones la administración del presupuesto de justicia y designa al administrador general del Poder Judicial que trabaja bajo su órbita, con lo cual debe garantizar poder tomar decisiones de gestión a partir del viernes o muchas de las funciones del sistema quedarán paralizadas.
Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto.
Desde la salida del fallo a fines del año pasado, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas abiertas al plazo "exiguo" que fijó la Corte.
La semana pasada, los jueces eligieron a la civilista Agustina Díaz Cordero y los abogados a Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en tanto el Senado dio medio sanción a un proyecto del oficialismo que contempla 17 miembros, sin la participación de la Corte, y con un esquema de funcionamiento más federal.
