La situación del sector nuclear argentino expone una problemática que excede lo administrativo y presupuestario. El freno de proyectos estratégicos, entre ellos el reactor modular CAREM, junto con las dificultades para sostener programas de investigación y las denuncias de desfinanciamiento en la Comisión Nacional de Energía Atómica, reabren el debate sobre el rumbo de una actividad que durante décadas ubicó a la Argentina entre los países con mayor desarrollo nuclear de América Latina.
Con ese escenario como eje, la Comisión de Economía que preside la diputada Julia Strada convocó este martes a una reunión bajo el título “Situación del sector nuclear: implicancias económicas”. Allí expusieron distintos invitados, aunque no hubo presencia de representantes del oficialismo, un dato que reforzó las críticas sobre la falta de respuestas políticas frente a la crisis planteada.
Ignacio Cortez, integrante del Grupo Física Estadística e Interdisciplinaria de la CNEA y delegado de ATE, sostuvo que el país “domina la energía nuclear” pero advirtió que ese capital está en riesgo. Señaló que se está desmantelando el plan nuclear argentino y remarcó las ventajas de esta fuente energética, a la que definió como una de las más baratas y amigables con la naturaleza.
En su exposición, Cortez planteó que la generación nucleoeléctrica es un negocio estratégico, aunque alertó que, de continuar el actual rumbo, dejará de ser una opción conveniente para transformarse en una necesidad para el desarrollo. Subrayó además que la Argentina invirtió 76 años en el dominio de esta tecnología y que forma parte del selecto 3% de los países del mundo con reactores de investigación propios. Según advirtió, esa base está siendo destruida y con ella se compromete la soberanía energética nacional.
También cuestionó a la actual gestión por desarmar capacidades ya instaladas y advirtió sobre el riesgo de perder un negocio de alto valor estratégico. En esa línea, sostuvo que lo que está en juego no es solo un programa técnico, sino el control nacional sobre un área sensible para el desarrollo energético del país.
Luego fue el turno de Rodolfo Kempf, físico e investigador de la CNEA, quien señaló incumplimientos en la extensión de vida de la central nuclear Atucha I, una tarea comprometida internacionalmente. Atribuyó esa situación al asesor presidencial Demian Reidel y lo vinculó con un proceso de destrucción del plan nuclear argentino.
Kempf advirtió que Atucha I podría quedar fuera de servicio y recordó que la central aporta alrededor del 8% de la matriz energética. También alertó que, si no se revierte el retraso, el país podría pasar de contar con una central en funcionamiento desde 1974 a tener un residuo radioactivo y afrontar la etapa de desmantelamiento, cuyo costo estimó en 2.000 millones de dólares. Para el investigador, ese escenario responde a una gestión corrupta y de vaciamiento.
En otro tramo de su exposición, denunció que el área nuclear está siendo ocupada por “rosqueros” y “casta barata”, y volvió a apuntar contra el vaciamiento del proyecto Carem, al que además vinculó con el incumplimiento de la ley. También afirmó que el Gobierno regaló IMPSA por 25 millones de dólares y reclamó a la comisión que frene la destrucción de un área que consideró emblemática.
Finalmente, la ingeniera nuclear Julieta Romero habló por zoom desde Francia, país al que emigró en su momento. Recordó su formación en el Instituto Balseiro y su experiencia laboral en Argentina, y describió el impacto de la emigración de profesionales altamente capacitados. Sostuvo que cuando una persona con años de formación se va porque en el país no le alcanza para ayudar a su familia o porque las oportunidades dejan de ser viables, no solo se pierde un trabajador: también se corta una cadena de valor y se debilita la transmisión de conocimientos hacia las próximas generaciones.
Romero graficó esa pérdida como un bosque incendiado: una experiencia que, una vez perdida, puede tardar años en recuperarse. Su reflexión dejó en evidencia una de las consecuencias más sensibles del deterioro del sector nuclear: la fuga de talentos y la dificultad para reconstruir capacidades técnicas que demandaron décadas de inversión pública.
