El diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, Álvaro Martínez, presentó un proyecto de ley de reforma del régimen penitenciario que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las cárceles. La iniciativa, según expuso el legislador, apunta a “profundizar las políticas de seguridad impulsadas por la actual gestión de gobierno”. El texto propone modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
Martínez sostuvo que la medida busca terminar con el uso de celulares dentro de los penales y con otras vías de comunicación que, según su planteo, facilitan delitos cometidos desde el encierro. En ese marco, afirmó: “Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”. El proyecto también menciona el control de las comunicaciones por teléfono de línea, internet y correspondencia.
Alcance de la reforma La propuesta incluye la prohibición efectiva de celulares y la habilitación de comunicaciones únicamente mediante sistemas autorizados y monitoreados. Además, plantea el uso de teléfonos de línea para el contacto con familiares y abogados, y videollamadas con defensores para reducir traslados. Entre los delitos que el diputado vinculó con este esquema mencionó estafas, secuestros virtuales, maniobras asociadas al narcotráfico, lavado de activos y trata de personas.
El proyecto también incorpora la obligatoriedad de uniformes según la peligrosidad del detenido, que sería leve, media o alta. Martínez precisó que los internos deberán usar prendas de color beige o marrón claro, con variaciones en líneas frontales y dorsales según el nivel asignado. En su exposición, aclaró que no tendría un objetivo discriminatorio y lo vinculó con el principio de igualdad. Para quienes estén próximos a recuperar la libertad, el uniforme sería liso.
Arancel y gastos La iniciativa agrega un Arancel Único Carcelario (AUC), con el que las personas privadas de la libertad deberían afrontar gastos de servicios generales y alimentación. Martínez afirmó: “La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”. También sostuvo que “quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos”.
Según el texto difundido, el arancel alcanzaría a quienes perciban ingresos por su trabajo dentro del sistema penitenciario, sin afectar el deber estatal de garantizar condiciones básicas. El proyecto se presenta después de otra iniciativa que Martínez ingresó en abril, cuando propuso penas de 1 a 3 años de prisión para el interno que tuviera un teléfono móvil y de 3 a 5 años si el aparato se utilizaba para cometer un delito. Ese antecedente muestra una línea legislativa orientada a restringir el uso de dispositivos en los establecimientos penitenciarios.
