Provincias definen estrategia por la deuda reperfilada por Macri

REUNIÓN EN BUENOS AIRES

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De acuerdo a algunas estimaciones, la pérdida total del recorte de IVA y Ganancias anunciado por la administración nacional hasta su vencimiento en diciembre, es de $61.800 millones.

 

Los ministros de Economía de 15 provincias analizaron la posible estrategia de negociación con la administración de Mauricio Macri ante el fallo de la Corte que dispuso compensar a las provincias por el perjuicio ocasionado por con sus sobre IVA y Ganancias, que implican pérdidas por el recorte de los impuestos coparticipables.
Los gobernadores quieren acordar una metodología común para fijar el monto de compensación que le reclaman a Macri. El fallo reconoce una quita de 35 mil millones de pesos coparticipables, aunque en la cumbre de este martes no hubo un cálculo preciso.
Según los datos que manejan, la pérdida total del recorte de IVA y Ganancias es de 61.800 millones de pesos desde que Macri anunció hasta su vencimiento en diciembre. Una parte corresponde a la Nación y la otra a las provincias, sin embargo la caída de la recaudación por efecto de la recesión dificulta el cálculo: “El monto está entre 35 y 37 mil millones, pero es complejo estimar el IVA”, aclaran.
Del encuentro también participaron los fiscales de Estado de las provincias que presentaron la cautelar y acordaron seguir con pedidos a la Corte. Es que los gobernadores coinciden en que Macri quiere dilatar el tema para dejárselo a la próxima gestión y por eso ahora agregó otra instancia judicial: pidió audiencias que por ahora serán para dos provincias -Entre Ríos y Santiago del Estero- y el tema quedó a la espera de que el máximo tribunal defina qué hacer con este pedido.
Mientras esperan que la Corte se expida, los gobernadores acordaron hacer un nuevo pedido. “El consenso entre los fiscales y ministros de todas las provincias es que vamos a presentar un nuevo escrito al máximo tribunal para que la Nación suspenda de inmediato la aplicación de los decretos del Presidente”, explican. Además, la mayoría entiende que el fallo debe ser retroactivo y deberán obtener una compensación por los fondos perdidos.
En el oficialismo saben que satisfacer el pedido de los gobernadores de dar marcha atrás con los decretos y volver a poner el IVA generaría un fuerte salto en la inflación. Un riesgo que no están dispuestos a correr antes de la elección de octubre, mientras deslizan que hay una especulación de parte de gobernadores opositores y el propio Macri reclama “coherencia” a los pedidos.
Mediciones privadas señalan que, pese a la baja del IVA, los alimentos de la canasta básica fueron de los que más aumentos registraron desde las PASO. Cuando se les vuelva a cargar el IVA, se verían incrementos del 10,5% al 21% en bienes sensibles en la mesa de los argentinos. Por eso, si Macri cumple el fallo de la Corte Suprema y suspende la baja transitoria de los impuestos, también corre el riesgo de que los indicadores de pobreza del segundo semestre crucen el 40% y marquen un récord histórico. Por de pronto, los gobernadores pretenden que la AFIP se expida respecto del monto, mientras que algunos distritos se apoyan en un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que estimó en $47.395 millones el costo de las medidas para las provincias.
La avanzada terminó de pulirse en la sede porteña de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), donde se autoconvocaron los enviados provinciales para blindar los pasos a seguir.
Hubo en rigor funcionarios de 18 provincias, porque se sumaron tres que no accionaron aún: Mendoza, Chaco y Río Negro.
La estrategia incluyó una primera reunión, pasadas las 11, de los Fiscales de Estado, para discutir la metodología del cálculo y la letra chica de los planteos. En su inicio, un aplauso celebró la cosecha positiva de la embestida judicial, para luego abocarse a la discusión técnica.
Poco después arrancó un segundo encuentro, de ministros de Economía. Y cerca de las 12.30 se produjo una cumbre conjunta, para terminar de pulir la estrategia.
El mandato de los gobernadores es claro: avanzar en el cobro sin demoras, frente a las primeras estrategias dilatorias que brotaron desde la Casa Rosada.
Por eso ahora definieron avanzar en la estrategia de intimación de pago.
En la mesa en la CFI se sentaron enviados de 18 provincias: Entre Ríos, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Mendoza y Río Negro.
De ese lote, las primeras 15 provincias accionaron a fines de agosto contra los dos decretos pro consumo del Presidente que mermaron las remesas automáticas a los gobernadores.
Pero el éxito de la estocada atrajo a más distritos: se sumaron al cónclave funcionarios del radical mendocino Alfredo Cornejo, del justicialista chaqueño Domingo Peppo y del rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).