Desde hoy todos los contratos de alquiler que se firmen regirán con la nueva normativa

La nueva norma que rige desde hoy conlleva cambios sustanciales en la relación contractual entre locatarios y locadores y la Asociación de Inquilinos local promueve la creación de una Defensoría para supervisar la aplicación de la legislación en la provincia.

Ayer se publicó en el boletín nacional la nueva ley de alquileres que rige para todo el país desde hoy y que trae cambios más que notorios para los contratos de alquiler, los cuales son considerados nuevos beneficios que tienen los inquilinos de todo el país y que se lograron tras 36 años de trabajo del sector. Por eso, desde la provincia de San Juan piden que se cree la figura del defensor del inquilino, para velar por los derechos que tanto les ha costado adquirir.
Victor Bazán, titular de la Asociación de Inquilinos de San Juan, dialogó con Diario El Zonda y se mostró contento por la publicación de la flamante norma sancionada hace algunas semanas tras muchos años de trabajo de la Federación Argentina de Inquilinos. En este contexto el líder de los inquilinos provinciales advirtió que, “ es para que se respeten los derechos que adquirimos con esta ley, desde antes estamos planteando la creación de la Defensoría del Inquilino, que sería el órgano ideal para que esta ley sea respetada por todas las partes intervinientes en un contrato de alquiler. Si bien no es un órgano que se pueda crear rápido, nosotros lo venimos trabajando y pidiendo desde hace mucho tiempo y nos hace falta que se apruebe el proyecto”.
Además el inquilino destacó el trabajo de los medios de comunicación en el asunto ya que, “son sumamente esenciales para que los inquilinos sepan los derechos que tienen a partir de mañana, (por hoy)”.
Cabe destacar que la propuesta de los inquilinos provinciales se asemeja un proyecto presentado y a aprobado a nivel nacional, que se trata de la creación de un defensor del inquilino a nivel nacional. la propuesta impulsa que esta figura se cree en el ámbito del Defensor del Pueblo, un puesto que trabajada de forma independiente del Estado provincial para solucionar diferentes problemas desde el ámbito jurídico y donde el sueldo del que ocupa este cargo se equipara al de un ministro del Poder Ejecutivo provincial. El proyecto lo trabajan los inquilinos con la diputada justicialista Marcel Monti y tiene esperanzas de que pueda realizarse por que se trata de una legisladora del oficialismo.

Alrededor del 60% de los inquilinos no pudieron pagar sus contratos en tiempo y forma
Según precisaron desde la Asociación de Inquilinos, el mes anterior, “estábamos con un 60% de morosos, más que nada en el ámbito de los que no tienen o contratos que no son legales”. Al respecto recalcó que sigue vigente el DNU presidencial por el cual se impiden los desalojos por deuda hasta el mes de septiembre. Los inquilinos pueden pagar en cuotas desde octubre los meses que no hayan pagado o las partes de los meses que no hayan podido pagar desde el inicio de la pandemia.

La quita del IFE puede afectar el pago de alquileres

Que el Ingreso familiar por Emergencia (IFE) no se entregue en San Juan en su tercer etapa, significa que el 21% de la población se quedará sin poder cobrar el bono de los 10 mil pesos. Al respecto, Victor Bazán aseguró que, “mientras sigamos teniendo un índice tan grande de informalidad, no sólo en los contratos, sino los trabajos, va a impactar la quita el IFE. Esto pasa porque vivimos en una provincia que tiene una alta necesidad producto de que los salarios nunca acompañaron la inflación y la suba de los alquileres. Golpea mucho porque el IFE había solucionado gran parte del alquiler a la gente que perdió su trabajo, sus ingresos y si bien se está activando un poco el empleo, convengamos que la gente no ha podido desendeudarse.

Los puntos más importantes de la ley de alquileres

El índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).
• El plazo mínimo de la locación de inmueble serán tres años.
• No podrá exigirse al locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes. El importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler.
• Introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler, dado que en caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que realice alguna reparación urgente, el locatario puede realizarlas por sí a cargo del locador, una vez transcurridas 24 horas de la notificación.
• El locatario no tiene a su cargo el pago de impuestos que graven a la propiedad -como el ABL y ARBA- ni el pago de expensas comunes extraordinarias.
• Los locadores deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario (recibo de sueldo o certificado de ingresos que pueden sumarse en caso de ser más de un locatario).
• El locador deberá informar con tres meses de anticipación si renueva y las condiciones para el nuevo contrato.
• Establece que el locador debe intimar fehacientemente al locatario dando un plazo no menor a 10 días corridos de recibida la notificación y lugar de pago previo a la acción judicial de desalojo.
• Será obligación del locador declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo.
• La intermediación en el contrato de alquiler sólo podrá estar a cargo de un profesional matriculado y si interviene un solo corredor, ambas partes, propietario e inquilino, deberán pagar comisión.
• Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal para personas en situación de vulnerabilidad.