El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, confirmó que su gobierno sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto que podría sancionar a empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas. La iniciativa incluye, según el texto citado, a compañías norteamericanas y forma parte de una discusión diplomática que también alcanzó al reclamo argentino en foros de la ONU.
Landau formuló esas declaraciones en una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno. Allí sostuvo que “no hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, mientras que Quirno calificó el reclamo de soberanía como “innegociable”. El canciller agregó que una eventual desaparición del Comité de Descolonización, también llamado C-24, “no tiene ningún tipo de mella” en la posición argentina, aunque admitió que ese foro sigue siendo de interés para el país porque allí presenta el reclamo cada año.
Reforma de la ONU
Consultado sobre si Washington impulsaba efectivamente la disolución del foro donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo contra el Reino Unido, Landau respondió que la administración de Donald Trump promueve una reforma de las Naciones Unidas. Dijo que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, “a través de los años no han hecho casi nada” y pidió no confundir un proyecto de reforma institucional con una definición sobre un tema sustantivo. También señaló que el comité “ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas”.
Sobre la ley argentina, el funcionario estadounidense remarcó que “las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina”, pero añadió que su país observa “con interés” los intereses de sus empresas. En paralelo, trascendió que funcionarios de la Casa Blanca transmitieron al Gobierno argentino preocupación por el alcance de las penalidades previstas en el proyecto 0010-PE-2026, que podrían llegar no solo a las firmas que operan directamente en el archipiélago sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Defensa oficial argentina
Quirno sostuvo que la ley vigente “no le da a la Argentina las herramientas necesarias” para defender sus intereses en Malvinas y que la nueva iniciativa busca ampliar esas capacidades. Negó que el proyecto apunte “en contra de nadie en particular” y planteó que las compañías tienen una decisión de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o sostener operaciones “ilegítimas” en las islas. “Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, afirmó.
El canciller también intentó separar el reclamo soberano de la suerte del C-24. Señaló que las resoluciones que respaldan la posición argentina son “resoluciones generales de las Naciones Unidas, no de un comité en especial” y que la causa se presenta “en todo foro internacional”. Aun así, reconoció que el comité “es un foro que a nosotros nos interesa, porque es un foro donde anualmente realizamos este reclamo”.
En ese marco, el vocero presidencial Adrián Ravier había dicho esta semana que la postura argentina frente al pedido estadounidense “está bajo análisis” y no descartó cambios en la ley de soberanía durante el debate parlamentario. Además, la Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, una decisión que Quirno atribuyó a “razones técnicas” y que la oposición interpretó como un gesto hacia Washington. Landau y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, llegaron a Buenos Aires en la noche del miércoles desde Asunción, Paraguay.
