El convenio firmado entre el gobierno de San Juan y Vicuña contempla un desembolso de US$ 250 millones y quedó sujeto a la aprobación de la Legislatura dentro de un plazo de 60 días. En ese marco, el Ejecutivo provincial decidió reforzar su presencia política en Diputados para acelerar el tratamiento y reducir el margen de incertidumbre.
Desde el 5 de agosto, cuando se selló el entendimiento, corre el plazo que condiciona la vigencia del acuerdo. Si la ratificación no llega dentro del término previsto, el convenio pierde efecto y se frustra la posibilidad de contar con esos fondos, que el Gobierno considera estratégicos para financiar infraestructura en distintos puntos de la provincia.
Por eso, este viernes a las 8,30, el oficialismo llevará a la Cámara baja a un grupo de funcionarios para exponer los alcances del texto y responder objeciones. Está previsto que concurran el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. También podría sumarse el ministro de Infraestructura, Fernando Perea.
El movimiento no es menor: el Gobierno busca blindar políticamente un acuerdo de alto impacto económico y, al mismo tiempo, ordenar el debate legislativo sobre una iniciativa que fija condiciones precisas sobre el destino de los fondos, los mecanismos de administración y los controles institucionales.
La letra chica del convenio establece un Aporte DIA Fijo de hasta US$ 250 millones, destinado a obras de infraestructura preestablecidas en cualquier parte de la provincia, y no solo en Iglesia, donde se ubica el proyecto de cobre. La minera comenzará a depositar los fondos a partir del 20 de diciembre de 2026, aunque los desembolsos no serán automáticos: se harán contra la presentación de certificados de avance de obra.
En ese esquema, el gobernador Orrego ya anticipó que una parte de esos recursos se orientará a la ruta 40 norte, entre Albardón y San Roque, en Jáchal. El resto podría destinarse a otras obras viales, de agua, saneamiento hídrico y vivienda, lo que amplía el alcance territorial del acuerdo y su posible efecto sobre la obra pública provincial.
El convenio también precisa que el aporte permitirá cancelar obligaciones vinculadas con la Declaración de Impacto Ambiental durante los primeros cinco años de comercialización del proyecto. Desde el sexto año, Vicuña deberá realizar un nuevo aporte equivalente al 1,5% de la base de cálculo prevista para las regalías mineras. Además, el texto prohíbe que esos fondos se usen para propaganda política o campañas electorales.
Otro punto central es el sistema de contratación: las obras deberán licitarse bajo el régimen de Obras Públicas de San Juan, sin excepciones por monto, y quedarán sujetas al control del Tribunal de Cuentas. La Provincia tendrá a su cargo la constitución, organización, control y auditoría del fideicomiso, mientras que el fiduciario será el Banco de San Juan S.A., que cobrará una comisión del 0,45% anual sobre el patrimonio fideicomitido.
El capítulo de regalías también modifica el escenario habitual. Para el proyecto Vicuña se mantiene una tasa del 3%, pero calculada sobre el valor bruto obtenido por la comercialización de los minerales, es decir, sobre facturación. Según el texto, esa condición se sostendrá durante la vida útil del proyecto en función de la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría y del régimen fiscal aplicable.
Finalmente, el acta prevé un mecanismo de resolución de conflictos: si una controversia no se resuelve de manera amigable en 90 días, podrá recurrirse a un arbitraje bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. El tribunal estará integrado por tres árbitros, la sede será la ciudad de San Juan y el idioma del procedimiento será el español.
