Una presentación administrativa ingresada el lunes 10 de agosto ante la Subsecretaría de Control de Gestión reabrió la discusión sobre eventuales incompatibilidades dentro de la estructura policial de San Juan. El escrito apunta a revisar situaciones vinculadas con el desempeño de funciones públicas, el cobro de haberes previsionales y la percepción de salarios estatales, un terreno especialmente sensible por sus derivaciones institucionales y políticas.
Los nombres alcanzados por la denuncia son los de los comisarios generales Luis Walter Martínez y Abel Hernández, ambos retirados de la fuerza, y Patricia Herrera, integrante en actividad de la Plana Mayor. El planteo no formula acusaciones penales, pero sí reclama que se determine si existieron superposiciones de tareas, dobles percepciones o designaciones que pudieran contrariar la normativa vigente.
En el caso de Hernández, la presentación busca establecer si mientras ocupó funciones como jefe de asesores y subsecretario de Seguridad percibió simultáneamente su haber de retiro policial y otras remuneraciones, suplementos o adicionales del Estado. La consecuencia de esa revisión no es menor: si se comprobara una incompatibilidad, quedaría en cuestión la legalidad de parte de su trayectoria en cargos jerárquicos.
Respecto de Martínez, exjefe de la Policía de San Juan, el escrito apunta a determinar si hubo incompatibilidad entre el haber previsional que cobra por su retiro y la remuneración asociada al cargo que desempeñó. El análisis, en este punto, podría impactar no solo en su situación personal sino también en la validez de los mecanismos administrativos que habilitaron su designación.
El caso de Herrera es el que más atención concentra puertas adentro. Según la denuncia, la comisaria general se desempeñaría como personal superior en actividad en la Dirección de Instrucción y Formación Policial (D-6) y, al mismo tiempo, como rectora remunerada del Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Pública. La eventual confirmación de una superposición de funciones abriría interrogantes sobre la compatibilidad entre ambas tareas y sobre la existencia de una doble remuneración.
Desde el entorno de los tres involucrados rechazaron de plano la presentación y la atribuyeron a una maniobra orientada a dañar su imagen. En particular, señalaron que el caso de Herrera adquiere mayor gravedad por su situación actual, ya que figura entre las autoridades que podrían ser consideradas para uno de los cargos superiores vacantes dentro de la estructura policial.
Sus allegados sostienen que la denuncia podría dejar una marca negativa en su legajo justo en un momento en el que se definen ascensos. También remarcaron que la funcionaria cuenta con 23 años de experiencia docente y que hoy se encuentra con licencia por razones particulares en esa actividad, por lo que —según afirmaron— ejerce únicamente sus funciones como comisaria general.
Además, defendieron la legalidad de las designaciones cuestionadas y afirmaron que fueron sometidas a los controles correspondientes, con intervención de las asesorías letradas. Para ese sector, si existiera una incompatibilidad manifiesta, no se habrían dictado las normas administrativas que habilitaron esos nombramientos.
Otro de los argumentos para relativizar la denuncia es la existencia de antecedentes similares en otras áreas de la seguridad provincial. En ese listado fueron mencionados Eduardo Lirola, el actual jefe de Policía Néstor Álvarez, el exsubjefe Diego Morales y el exjefe de Protección Civil Carlos Heredia, entre otros. Desde la defensa de los señalados entienden que la ausencia de planteos equivalentes en esos casos refuerza la hipótesis de una selección dirigida.
La presentación, sin embargo, deja en claro que no pretende anticipar la existencia de delitos ni atribuir responsabilidades individuales. Lo que reclama es una evaluación administrativa sobre la adecuación de las situaciones descriptas a la normativa vigente y, en su caso, la adopción de medidas.
El denunciante es Oscar Vanetti, quien se desempeñó como tesorero de la Policía de San Juan y luego fue condenado por la Justicia por el desvío de fondos públicos. Recibió una pena de tres años de prisión efectiva por peculado en un juicio abreviado junto con su esposa, Ivana Olivares, mientras que ella fue condenada a dos años y seis meses de prisión condicional.
La investigación administrativa deberá definir ahora si las situaciones denunciadas configuran efectivamente incompatibilidades o si, como sostienen los entornos de los involucrados, están amparadas por la legislación vigente y por los procedimientos que respaldaron sus designaciones. El resultado de esa evaluación puede tener consecuencias directas sobre la carrera de los funcionarios mencionados y sobre la propia confiabilidad de los controles internos del Estado.
