El conflicto judicial que involucra a Nicolás Fiorentino y a tres magistrados volvió a exponer las tensiones que puede generar una disputa procesal mal encauzada. En el centro de la escena aparece una causa civil por 91 millones de pesos entre Carpas Argentinas y Puccinellia, cuyo eje fue la validez de una notificación que terminó derivando en una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La controversia se originó cuando la demanda fue enviada al domicilio informado y el oficial notificador, al no ser atendido, dejó el escrito en la ventanilla de la garita de un barrio privado, debajo de una piedra. Como Puccinellia no respondió, la jueza Adriana Tettamanti dio por decaído su derecho a intervenir en el expediente, una decisión que dejó a la firma en una posición procesal desfavorable y fortaleció las chances de la actora de avanzar sin oposición.
Desde allí se desencadenó una cadena de presentaciones. Fiorentino, abogado de la demandada, pidió la nulidad de la resolución y luego apeló. Sin embargo, los camaristas civiles Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez confirmaron lo resuelto en primera instancia. A partir de esa decisión, el letrado promovió una denuncia contra los tres jueces por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, con el objetivo de lograr su remoción.
En esa instancia inicial del proceso, los magistrados presentaron sus informes y formularon duras críticas contra el abogado. Según pudo reconstruirse a partir de fuentes calificadas, Rodríguez sostuvo que Fiorentino, “tras perder la oportunidad de defenderse, en perjuicio de sus clientes, por su propia torpeza y negligencia reiterada, optó por denunciar infundadamente a los jueces que intervinieron en la causa”.
Pérez, por su parte, cuestionó que el letrado hubiera hablado de “complicidad, connivencia y corrupción judicial” sin base legal suficiente y consideró que se trató de “un exceso malintencionado de parte del denunciante”. En tanto, Tettamanti afirmó que la presentación “responde a intenciones aviesas y argumentos infundados”, y remarcó que el comportamiento del abogado está “apartado de la ética” y “lejos de perseguir un sentido de justicia”.
La jueza también pidió que las actuaciones sean enviadas al Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados para que evalúe una eventual sanción. El planteo no es menor: además de la discusión sobre la nulidad de la notificación, el caso abrió un frente institucional que ahora compromete la conducta profesional del denunciante.
El expediente tomó estado público a partir de otra presentación de Fiorentino, quien impulsó un juicio político contra el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, ante la Cámara de Diputados. El programa Demasiada información, de 0264 Radio, reveló esa maniobra y el propio abogado explicó que lo hizo porque, a su criterio, Lima no se inhibió de intervenir en el Jury por su vínculo de amistad con el camarista Rodríguez.
En cuanto al fondo de la disputa, Fiorentino insistió en que Puccinellia no tenía como domicilio contractual el barrio Altos de Meglioli, en Rawson, sino su sede social en Mendoza y domicilio fiscal en Capital, San Juan. Sin embargo, Tettamanti rechazó el pedido de nulidad el 5 de diciembre de 2025 al señalar que la dirección de Rawson había sido pactada en el contrato de locación firmado con Carpas Argentinas.
La apelación fue tratada por la Sala III de la Cámara Civil y el 31 de marzo Pérez y Rodríguez confirmaron la decisión. Ese pronunciamiento es el que terminó de disparar la ofensiva del abogado ante el Jury de Enjuiciamiento, en una estrategia que los jueces interpretan como un intento de trasladar la responsabilidad profesional a los tribunales.
En sus descargos, Tettamanti ratificó que en la cláusula primera del contrato de alquiler se fijó como domicilio contractual el barrio Altos de Meglioli, extremo que, según indicó, fue establecido por el propio Fiorentino y luego ratificado en un acuerdo de partes en 2024. Además, afirmó que esa fue la dirección donde Puccinellia recibió cartas documento previas al juicio, sin cuestionamientos.
Pérez agregó que, en otro expediente por cobro de honorarios tramitado en el Juzgado de Paz de Rivadavia, la empresa fue notificada de la misma manera y en la misma dirección de Rawson, contestó la demanda y no promovió nulidad alguna. Rodríguez, en tanto, destacó que el contrato prevé expresamente que en ese domicilio serán “válidas todas las notificaciones”.
Los tres magistrados también señalaron que la denuncia penal presentada por Fiorentino por prevaricato fue desestimada por el fiscal interviniente y luego, tras un pedido de revisión, por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales. Ese dato refuerza la idea de que la acusación no logró sostén en ninguna de las instancias previas.
Más allá de la discusión puntual, el caso deja una consecuencia institucional clara: el Jurado de Enjuiciamiento deberá resolver primero si admite o no la denuncia contra los jueces, mientras persiste el cuestionamiento sobre el uso de herramientas disciplinarias para impugnar decisiones judiciales adversas. En ese marco, los informes de los magistrados buscan marcar un límite frente a lo que consideran una utilización impropia de esos mecanismos.
