Luego de la quinta movilización de los universitarios por la falta de aplicación de parte del Gobierno de la Ley de Presupuestos Universitarios, y a un día de cumplirse un año de la promulgación de la norma, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, asistieron a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para defender el proyecto para 2027.
La reunión estuvo marcada por la tensión desde el inicio. La sala del primer piso del anexo de la Cámara de Diputados duplicó su personal de seguridad y, en la puerta, quedó un grupo de estudiantes universitarios que había intentado ingresar al encuentro. En ese contexto, los funcionarios cuestionaron a la dirigencia universitaria por sostener, según su planteo, un “acuerdo corporativo y de casta”.
Los planteos oficiales Torrendell abrió su exposición con una comparación entre la educación primaria y secundaria antes y después de 2023, y sostuvo: “Se gastó mucho pero no se gastó en que los chicos aprendieran. Nosotros cambiamos los paradigmas”. Después leyó un documento sobre la política universitaria y los fondos para las altas casas de estudio. Allí remarcó que “la autonomía de las universidades no está en discusión, lo que exigimos son datos y transparencia” en el manejo de los recursos.
En ese tramo, el secretario de Educación afirmó que en las universidades públicas “de cada 100 que se anotan se reciben 18,7 mientras que en las privadas el número es de 40”. También señaló que cada egresado de la universidad pública tiene “un costo de USD 14.800” y advirtió sobre “una incesante y asombrosa creación de universidades”. Según su exposición, de las 62 universidades nacionales, 23 fueron creadas en los últimos 20 años, y sostuvo que en dos décadas se creó la misma cantidad de universidades que en dos siglos.
Críticas y respuesta oficial La oposición cuestionó el manejo de los datos y el uso de los fondos, mientras que el diputado Maximiliano Ferraro, de CC ARI, advirtió: “¿De qué sirve que nos traigan un presupuesto que nominalmente parece estar por encima de la inflación proyectada para 2027, pero que no compensa para nada el ajuste por inflación y el recorte que se observa en el 2026 de casi un 25%?”. También señaló que se observa “una clara sub-ejecución de cada una de las partidas”.
Torrendell respondió la mayor parte de las preguntas y dejó algunos tramos a Álvarez. En ese intercambio, el secretario nacional mantuvo un tono más moderado que el del subsecretario, aunque insistió en críticas a los rectores universitarios. Dijo que, por los resultados, “en el sector privado los hubiesen despedido”. El debate quedó concentrado en el presupuesto universitario y en la discusión por la aplicación de la ley de financiamiento.
La posición de Álvarez Álvarez retomó la discusión sobre la llamada ley de financiamiento universitario y afirmó que, a su criterio, la norma “incumple la ley de administración financiera y de ejecución presupuestaria”. También sostuvo que “el Ejecutivo está a derecho” y que el Consejo Interuniversitario Nacional recurrió la medida, en una causa que, según dijo, quedó en la Cámara tras aceptarse la apelación del Ejecutivo.
El subsecretario amplió sus críticas al Consejo Interuniversitario Nacional y dijo: “El Ejecutivo está a derecho y los funcionarios a tiro de denuncia y muchos de la oposición que tienen la denuncia fácil no nos denunciaron. No así algunos de los diputados de la oposición que asaltaron edificios públicos y que llaman a la insurrección popular contra la República”. Además, acusó a rectores y sindicatos de pedir más salario por encima de lo asignado por el Estado nacional y sostuvo que los docentes universitarios están “muy por encima del Estado nacional”.
