El gobierno de Tierra del Fuego denunció la presencia del petrolero británico VS Promise, amarrado en el Puerto de Ushuaia, que permanece intervenido por decisión de Javier Milei desde enero de este año. La administración provincial sostuvo que la operación resulta incompatible con la posición argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. El planteo quedó expresado en un comunicado oficial difundido por el gobierno fueguino.
En ese texto, la provincia afirmó que “resulta inadmisible” que una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital fueguina mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de esos territorios. La administración de Gustavo Melella agregó que el Gobierno nacional justificó la intervención del puerto con argumentos vinculados a la soberanía y a la protección de un activo estratégico. Según la provincia, la presencia del buque exhibe una contradicción entre esa fundamentación y la gestión posterior del puerto.
Intervención y antecedentes
La intervención del puerto fue dispuesta en enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y tendrá una duración de 12 meses. Al frente fue designado Juan Avellaneda, secretario general de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, quien había formulado la denuncia inicial por irregularidades en el manejo portuario. El gobierno nacional sostuvo entonces que la medida respondía a irregularidades financieras, desvío de fondos y problemas de infraestructura en el puerto de la capital fueguina.
De acuerdo con esa versión oficial, la administración provincial se habría apropiado del 30 por ciento de los recursos para gastos corrientes de la provincia. Fuentes al tanto de la situación señalaron a LPO que la ANPYN realizó varias inspecciones y había advertido a Melella que debía adoptar medidas correctivas. La provincia, en cambio, sostuvo que la intervención afecta su autonomía y que ya promovió acciones judiciales contra la medida.
Reclamo por soberanía
El comunicado provincial remarcó que Ushuaia es un punto estratégico por su ubicación sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida. También recordó que la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las islas del Atlántico Sur está consagrada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. Sobre esa base, el gobierno fueguino exigió a Milei que informe “de manera inmediata y pública” qué criterios políticos, estratégicos y administrativos habilitaron la operación del buque británico en el puerto.
La administración de Melella también reclamó “el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto”. En el mismo planteo, sostuvo que la medida nacional es “ilegítima y lesiva de la autonomía provincial”. El conflicto suma así un componente institucional a la discusión sobre soberanía y uso estratégico de la infraestructura portuaria en el extremo sur del país.
Contexto geopolítico
El episodio se produce mientras el puerto de Ushuaia atraviesa la temporada de cruceros y mantiene su relevancia logística en la proyección argentina hacia el Atlántico Sur y la Antártida. En paralelo, el gobierno provincial advirtió que no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas desde el poder central que comprometan sus competencias y recursos. El próximo dato a seguir es la evolución de las acciones judiciales iniciadas por la provincia y la continuidad o no de la intervención dispuesta por la ANPYN.
