El proyecto Sea Lion busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas, en un área cuya soberanía es reclamada por la Argentina. La iniciativa quedó en manos de dos petroleras de escala intermedia que asumieron un riesgo político y comercial que las grandes compañías internacionales suelen evitar.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago y es operado por Navitas Petroleum, una compañía israelí que posee el 65% de participación. El 35% restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration, enfocada en exploración y producción. Ambas empresas aprobaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa.
Inversión y producción prevista El desembolso estimado ronda los u$s1.800 millones, con un esquema de financiamiento que contempla cerca de u$s1.000 millones de deuda. La producción inicial fue proyectada para el primer trimestre de 2028 y alcanzaría unos 55.000 barriles diarios. El plan prevé pozos submarinos conectados a una unidad flotante destinada a producción, almacenamiento y descarga del crudo.
Reservas y dimensión económica Navitas estima que Sea Lion cuenta con reservas por 216 millones de barriles y recursos totales cercanos a los 603 millones. Esas cifras explican el interés por desarrollar el área, aun cuando las empresas involucradas tienen una escala menor que las principales petroleras globales. La compañía israelí ingresó al proyecto en 2022, cuando adquirió el 65% de las licencias que pertenecían a Harbour Energy y asumió el control operativo.
Restricciones legales argentinas La ausencia de grandes petroleras en Sea Lion responde, principalmente, al conflicto de soberanía y a las eventuales consecuencias legales de operar sin autorización argentina. La Ley 26.659 prevé sanciones para las empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas dentro de la plataforma continental argentina, con inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. En 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Navitas vinculadas con Malvinas y dispuso su inhabilitación por 20 años para operar en el país.
Ese marco condiciona a compañías como Shell, TotalEnergies, Equinor, SLB o Halliburton, que tienen inversiones o contratos relevantes en la Argentina. Una participación en Sea Lion podría exponerlas a sanciones y comprometer negocios locales. El contraste aparece en el offshore frente a Tierra del Fuego, donde TotalEnergies, Harbour Energy y Pan American Energy (PAE) operan distintos yacimientos, con una producción costa afuera que aporta cerca de 27 millones de metros cúbicos diarios, alrededor del 20% del gas extraído en el país.
En ese contexto, Sea Lion combina un potencial petrolero relevante con un frente de riesgo regulatorio y diplomático. El desarrollo quedó atado a la capacidad de sus operadores para sostener financiamiento, contratación de servicios y ejecución técnica en un área que la Argentina considera sometida a restricciones legales. La evolución del proyecto dependerá de si logra avanzar, desde 2028, sin ampliar el conflicto con empresas que también operan en el mercado argentino.
