El Gobierno nacional envió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que ingresó formalmente a las 22:04 y busca fijar el marco económico del próximo ejercicio. La iniciativa tiene como eje el mantenimiento del superávit fiscal y abre el debate parlamentario sobre las principales variables macroeconómicas del año siguiente. El Ejecutivo pretende iniciar el tratamiento en la primera semana de octubre.
Según el texto remitido al Congreso, el proyecto prevé un superávit primario de $18,44 billones, equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI). También estima un resultado financiero positivo de $3,30 billones, es decir, 0,2% del producto, luego de contabilizar los intereses de la deuda. En paralelo, calcula una expansión del PBI del 4% y una inflación anual del 18%.
El esquema oficial incorpora además una proyección de salario promedio con un alza del 25,4%, por encima de la variación prevista de precios. Para el tipo de cambio, el proyecto ubica al dólar en $1.847,60 hacia fines de 2027, aunque desde el Ejecutivo aclararon que ese valor no debe leerse como una estimación puntual de cotización, sino como una actualización del nivel actual según la inflación proyectada. El escenario incluye exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo comercial favorable de bienes y servicios por encima de los US$15.000 millones.
Discapacidad y prestaciones
Uno de los capítulos con mayor impacto normativo es el de discapacidad. El proyecto plantea cambios sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y establece que la Pensión No Contributiva por invalidez laboral equivaldrá al 70% de la jubilación mínima. Además, fija la incompatibilidad de esa prestación con un empleo formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado. También modifica el esquema del nomenclador de prestaciones, cuyos valores dejarían de ser universales y pasarían a ser determinados por cada ente obligado.
Para el Estado nacional, la actualización de esos valores sería trimestral y, si no se aplica, regiría la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. El proyecto también propone derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. Entre otros puntos, eso elimina la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes reciben la prestación, y suprime la conversión de oficio de la pensión no contributiva en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
Universidades y control de fondos
El otro eje de discusión es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto asigna $7,3 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales, un monto inferior a los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó necesarios para 2027. Esa cifra fue aprobada en el 96° Plenario de Rectoras y Rectores, realizado en la Universidad Nacional de Río Negro, y había sido enviada antes a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación.
La diferencia entre ambas proyecciones ronda casi $4 billones. El artículo 12 del proyecto, además, habilita al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a interrumpir transferencias cuando una institución no entregue la información requerida. En materia salarial, la base para los incrementos de 2027 serán las plantas docentes y no docentes vigentes a noviembre de 2026, salvo ampliaciones autorizadas.
El tratamiento legislativo será el escenario donde se definan los cambios propuestos y las eventuales modificaciones al texto oficial. En paralelo, las universidades anticiparon que, si hasta la primera semana de octubre no se cumple con la ley de Financiamiento Universitario, realizarán la quinta Marcha Federal Universitaria. La discusión quedará así atada al cronograma parlamentario y a la definición sobre fondos, control y alcance de las reformas incluidas en el proyecto.
