El presidente Javier Milei anunció este miércoles por cadena nacional el envío al Congreso, con carácter urgente, de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional vinculado a las Islas Malvinas. Según explicó, la iniciativa busca responder al avance del proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, al que atribuyó un inicio de explotación petrolera offshore en los próximos meses. El anuncio se inscribe en la estrategia oficial frente a actividades que el Gobierno considera incompatibles con los derechos argentinos sobre el archipiélago y su plataforma continental.
Endurecimiento de sanciones
El primer eje del proyecto apunta a modificar la Ley 26.659, vigente desde 2011, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El Gobierno propone endurecer sanciones y penas contra empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas, y extender ese régimen a sus proveedores. Esos proveedores no podrían contratar en territorio argentino ni con el sector público ni con el privado, según lo anticipado por el Presidente. Milei también adelantó que el esquema se ampliaría a otras actividades en las islas que afecten recursos naturales argentinos, e incluiría la posibilidad del juicio en ausencia cuando corresponda.
Nuevo esquema de seguridad
El segundo eje prevé la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que definiría una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal en todo el Estado. De acuerdo con lo informado, articularía áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y fijaría un marco para la protección de infraestructura crítica, además de la protección aeroespacial y marítima del país. El tercer punto solicita al Congreso facultades para que ese Consejo pueda habilitar respuestas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.
Decretos y medidas administrativas
Además de los proyectos legislativos, Milei informó que firmaría esa misma noche un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659 contra quienes participen de iniciativas de extracción de petróleo en territorio bajo ocupación británica. También anunció un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el objetivo de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones. Según el Presidente, la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con distintos proyectos en las islas.
Reclamo diplomático
En su mensaje, el Presidente pidió a la dirigencia política, económica y social que se sume “con una misma voz” al reclamo por Malvinas y sostuvo que se trata de una causa que está “por encima de cualquier diferencia política”. También cuestionó al Reino Unido, al que acusó de incumplir el pedido de las Naciones Unidas de no realizar acciones unilaterales sobre el territorio en disputa, incluida la explotación de sus recursos naturales. Con los anuncios, el Gobierno dejó planteado un doble frente: el tratamiento legislativo de las reformas y la instrumentación inmediata de medidas administrativas y reglamentarias.
